Lo que debió ser un documento para salvaguardar los derechos humanos de los ciudadanos piuranos, y sobre todo proteger a las mujeres frente a la violencia y brechas de género en el departamento, terminó por convertirse en un instrumento de la discriminación del Consejo Regional de Piura hacia la comunidad LBGTQ+.
Se trata del Plan Regional de Igualdad de Género (PRIG), que trabaja el cierre de brechas de género en favor de las mujeres y de poblaciones vulnerables. Sin embargo, el incluir en este plan a la comunidad LBGTQ+, hizo que 7 de los 11 consejeros de Piura se negaran a aprobar tan importante normativa regional.
DISCRIMINACIÓN A COMUNIDAD LBGTQ+
La coordinadora del Área de Incidencia y Desarrollo de Cutivalú, Ortelia Valladolid, cuestionó que las autoridades del Consejo Regional se negaran a aprobar el PRIG. Por ello, calificó a los consejeros como discriminadores y conservaduristas.
“Ha habido reuniones con representantes de la comunidad LBGTQ+ con estos consejeros. Sin embargo, cuando llegó la fecha de votación, hubo un desconocimiento y terquedad y también de conservadurismo. Lamentablemente, nuestra población es machista. Los consejeros han tenido en cuenta más sus costumbres y creencias”.
MUJERES QUEDAN DESPROTEGIDAS
El mayor riesgo de la no aprobación del plan regional de igualdad de género no es sólo una falta de presupuesto y acciones en beneficio de la comunidad LBGTQ+.
La ausencia de esta normativa para el 2024 ha generado una desprotección a las mujeres piuranas, quienes sufren violencia en distintos ámbitos de desarrollo.
“Este es un instrumento de política pública que permite identificar y priorizar 9 brechas de género. Este documento prioriza a la población de las mujeres porque son las que tienen mayor desventaja con relación a las brechas de género”.
¿Y LOS DERECHOS HUMANOS?
Ortelia Valladolid remarcó también que el no aprobar este plan de igualdad expone al Consejo Regional de Piura como una institución que no vela por los derechos humanos de los ciudadanos que los eligieron.
“Antes del enfoque de género, tenemos un enfoque de derechos humanos. Lo que le debe importar [a los consejeros] es el bienestar de la población. Lamentablemente, lo único que nos dice esta actitud de los consejeros es que existe discriminación para este grupo vulnerable. No se ha tomado en cuenta el enfoque de derechos humanos”.
RETOS AL 2024
La especialista alertó, también, que el próximo año, las comisiones regionales cambiarán de “dueño”. Esto puede implicar una mayor desatención en la aprobación del Plan Regional de Igualdad de Género.
Por ello, señaló que el 2024 comprende un reto para la sociedad civil, a fin de lograr verdaderas políticas en favor de los grupos más vulnerables en Piura.
“El riesgo es que el 2024 habrá cambio de comisiones. Ya no estarán los mismos consejeros impulsando el Plan Regional de Igualdad de Género (PRIG). Hay un reto para el próximo año, para que los consejeros puedan aprobar este documento”.
Ortelia Valladolid precisó que si el Consejo Regional de Piura continúa en su postura discriminatoria, la sociedad deberá tomar acciones drásticas, para que se puedan proteger los derechos de todos los piuranos.
Por: Oscar Altamirano
