Por: Fernanda Vegas/Cutivalú
Los comuneros de San Juan Bautista de Catacaos presentaron a dos cartas notariales contra los diarios Expreso y La Hora por difamación, debido a que los medios de comunicación escrita calificaron de “banda delincuencial” a la Asociación de Comuneros Cruz Blanca. Las cartas deben llegar a los medios en los próximos días.
El 29 de septiembre, el diario Expreso publicó una nota titulada “Policía tras los pasos de una banda dedicada a la invasión de terrenos y extorsión”. De acuerdo, al medio periodístico, la Policía Nacional del Perú (PNP) identificó a una banda que “ha venido efectuando invasiones de terrenos, rompiendo cercos y atacando a los encargados de dar seguridad en lotes destinados a ser urbanizados”.
La supuesta “banda” es la Asociación de Comuneros Cruz Blanca, que, según el diario Expreso, no cuenta con el registro de personas jurídicas de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).
Cutivalú tuvo acceso al registro de la asociación, donde se detalla que su objetivo es representar los intereses económicos y sociales de sus asociados, realizar actividades en beneficio y preservación de las especies nativas de flora y fauna de su jurisdicción realizar actividades de apicultura y ganadería, entre otras tareas propias de las comunidades campesinas.
El artículo de Expreso también señala que la asociación no tiene dirigentes y que nadie sabe dar cuenta del local institucional que debía tener. Sin embargo, Cutivalú entrevistó a los comuneros de Cruz Blanca, quienes reconocen a Santos Maza Juárez como presidente y al local de la zona El Vegón como su local comunal.
Incluso, recordaron que hace tres años, una comitiva de las Naciones Unidas, encabezada por el relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, llegó hasta el local comunal para conversar con los comuneros sobre el tráfico de tierras que se vive en la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos, territorio que habitan los miembros de la asociación Cruz Blanca.
El tráfico de tierras en Catacaos
La supuesta investigación policial a la que hace referencia el artículo de Expreso no es un caso aislado. Detrás las aseveraciones de dicho informe hay una historia de tráfico de tierras que data desde 1995 y que ha cobrado la vida de tres comuneros en Catacaos: Guadalupe Zapata Sosa (fallecido en el 2011), Luis Pasache Zapata (2017) y Cristino Melchor Flores (2023). Sin embargo, el diario Expreso no informó sobre ello.
En el informe, también se señala que los integrantes de la supuesta banda criminal Cruz Blanca tienen amplias y graves denuncias por diversos delitos de homicidio, robo agravado, lesiones, usurpación bajo la modalidad de amenaza y turba por posesión de inmueble e, incluso, por terrorismo. Pero no se señala que la mayoría de estas denuncias fueron archivadas por falta de sustentos probatorios.
Y es que las denuncias archivadas demuestran que los comuneros han sido criminalizados durante, aproximadamente, diez años mientras buscaban defender sus tierras de empresas privadas y de supuestos dirigentes que aprovecharon vacíos legales para apropiarse de manera ilegítima de terrenos que no poseían.
Caso del Sodalicio
El artículo publicado por Expreso y reposteado por medios regionales y nacionales, como La Hora y La República, también menciona a Marcelino Ynga Ynga como integrante de la “banda delincuencial”. Cutivalú conversó con el comunero, quien indicó que los integrantes de la asociación Cruz Blanca enviaron una carta notarial contra los medios de comunicación.
“Estos diarios nos están difamando y levantando calumnias. Nosotros estamos en Registros Públicos. Es lamentable lo que han hecho con esa nota porque nos difaman como una organización criminal, pero en ningún momento hemos tenido ninguna conversación con ellos, no nos han preguntado nada. Nos sentimos atropellados porque nuevamente nos están criminalizando”, declaró Marcelino Ynga.
Además, hizo énfasis en que los comuneros son propietarios de los terrenos de Cruz Blanca “por posesión”.
Según la sentencia Xucuru vs Brasil de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la propiedad comunitaria de las tierras indígenas, la posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado. Además, la posesión tradicional otorga a los indígenas el derecho a exigir el reconocimiento oficial de propiedad y su registro.
Marcelino Ynga, además, fue parte de la comisión de comuneros que viajó en julio de este año hasta Lima para conversar con la con la Misión Especial enviada por el Vaticano para oír las denuncias de criminalización contra los comuneros y sobre la responsabilidad del Sodalicio de Vida Cristiana, que utilizó compañías como Santa Regina SAC y la Asociación Civil San Juan Bautista para obtener el terreno de forma fraudulenta.
Por otro lado, el presidente de la asociación, Santos Maza, también dio declaraciones a Cutivalú aclarando que Cruz Blanca sí cuenta con un registro en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y con un local comunal bien conocido por todos los comuneros de la zona.
“Vivimos de la crianza de ganado y de la apicultura en la parte desértica. Pedimos justicia, que se investigue esto porque nosotros no somos una organización criminal, somos una asociación de campesinos que vienen luchando contra empresas que se han apropiado de nuestras tierras y han generado conflictos en que terminaron con la vida de nuestros comuneros”, reclamó.
Otro de los comuneros incluido en el informe es Percy Maza, uno de los más criminalizados por las presuntas empresas que compraron terrenos de manera ilegítima en Catacaos. “A mí me denunciaron estas empresas vinculadas al Sodalicio. Me ponen que soy un traficante de tierras, que somos extorsionadores, cuando es lo contrario… dicen que soy un terrorista, cuando todo esto es mentira y las denuncias están archivadas”, dijo Percy Maza.
Cabe destacar que la comunidad campesina de San Juan Bautista de Catacaos existe desde el siglo XIX y se extiende por 313 mil hectáreas de terreno, ocupando los distritos de Catacaos, La Arena, La Unión, El Tallan, Cura Mori y parte de Veintiséis de Octubre.
Aunque no se mencionó en el informe de Expreso, la disputa de terrenos lleva años de investigación y acciones legales; además, están implicados tanto los comuneros y las empresas privadas; así como, organizaciones de derechos humanos, entidades eclesiásticas y compañías vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana.
