En la región Piura, los derechos humanos de las poblaciones vulnerables están en peligro. Las instituciones que deberían fiscalizar el cumplimiento de los derechos constitucionales de las personas les han dado la espalda. Por el contrario, se han opuesto a aprobar una política pública para contribuir al cierre de las brechas de género.

Estamos hablando de la ausencia de un Plan Regional de Igualdad de Género (PRIG). Este es un documento que expone la situación de 9 brechas de género de la región y que sirve para que las instituciones del Estado y las organizaciones de la sociedad civil elaboren estrategias para contribuir a cerrar dichas brechas.

De acuerdo con Ortelia Valladolid, coordinadora de Incidencia y Desarrollo de Cutivalú, esta política pública fue elaborada teniendo en cuenta el enfoque de derechos humanos. Es decir, dentro de su población vulnerable incluye a la niñez, adolescencia, mujeres en todo el ciclo de su vida. Asimismo, también están la población afrodescendiente e indígena, población discapacitada y comunidad LGTBQ+.

Para la especialista, el Consejo Regional no está velando por los derechos humanos de la población que las y los eligió.

¿Por qué el Consejo Regional de Piura no aprueba el PRIG?

Desde el 2022, el Consejo Regional de Igualdad de Género (Corig) presentó el PRIG ante la Gerencia de Desarrollo Social de la anterior gestión, quien a su vez la elevó a dicho Consejo Regional. Sin embargo, durante ese año, no hubo respuesta por parte del Estado.
Es así que, en el 2023, el nuevo Consejo Regional argumentó que la razón principal por la que no se aprueba el PRIG es porque incluye a la comunidad LGTBQ+ como población vulnerable.

En este sentido, la consejera por, Sullana Rosa Seminario, sostuvo que solo existen las condiciones sexuales de hombre y mujer, mas no LGTBQ+. «Debemos incluir la opinión de la Iglesia, de padres de familia de la Apafa sobre este tema», señaló la consejera sobre su oposición al PRIG.

Audio >> Rosa Seminario, consejera por Sullana

El 11 de noviembre, el Corig expuso el PRIG ante 8 consejeros para resolver dudas y aclarar la problemática en el marco de los derechos humanos. Tras esa sesión, todos los consejeros presentes se mostraron a favor de aprobar el PRIG.

Uno de ellos fue el presidente de la Comisión de Desarrollo Social, consejero Manuel Vargas, quien se mostró a favor de la aprobación del PRIG. Vargas aseguró la importancia de este documento para generar estrategias que reduzcan las brechas de género y garanticen el acceso a los servicios de las poblaciones vulnerables.

Sin embargo, 10 días después de esta entrevista, solo 4 consejeros votaron a favor del PRIG. Desde ese momento, el PRIG regresó a la Gerencia de Desarrollo Social para que levante las observaciones sobre el término comunidad LGTBQ+.

A continuación, en la siguiente infografía te enseñamos el proceso que ha seguido el PRIG desde su presentación hasta la fecha:

En Piura, los Derechos Humanos son vulnerados 

Para Carmen Ramos, especialista de atención y protección de la coordinación territorial del Programa Nacional Aurora en Piura, esto es un acto de discriminación. “Se está violando el derecho a la vida, que no implica solo la salud física, sino también mental”, señaló.

De acuerdo con su postura, la Declaración Universal de los Derechos Humanos expresa en su artículo 2 que “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.

Incluso la Constitución del Perú expresa en su artículo 2 que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley sin ser discriminado.

Sin embargo, Ernesto Rebaza, relator de la Corte Superior de Justicia de Piura, considera que el Consejo Regional está vulnerando los derechos. «Se vulneran derechos sexuales, reproductivos, educativos e incluso el acceso a la justicia en el caso de las mujeres si no se aprueba el PRIG», dijo.

Liz Murillo, fiscal de Sullana, se sumó a las críticas contra el Consejo Regional. Aseguró que todas las personas tienen derechos a vivir de forma digna y a participar de forma igualitaria en la vida política y social.

Asimismo, la vocera de la Mesa de LGTBQ+, Patty Alburqueque criticó que el grupo de consejeros que se oponen al PRIG mantengan un sesgo religioso. “Es necesario que el PRIG se apruebe por convicciones políticas a favor de los ciudadanos (…) Como dice la consejera que involucra a hombres y mujeres, pero debe ser en todas sus diversidades”, sostuvo.

Consecuencias de no tener un PRIG en Piura

Rosa León, representante del Gobierno Regional en el Corig, precisa que sin el PRIG no se tienen los lineamientos que permiten elaborar cualquier estrategia para cerrar las brechas de género. “Siempre se ha mencionado que no se aprueba por un tema de interpretación, pero ya llevamos más de un año sin un plan de igualdad de género”, explica indignada.

Una de las brechas más preocupantes es la brecha de violencia de género. De acuerdo con el Portal Estadístico del Programa Nacional Aurora, desde enero del 2023 hasta marzo del 2024, Piura registró 9,506 casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Alrededor del 90% de estos casos tuvo como principales víctimas a mujeres.

Otra de las preocupantes brechas es la de embarazos y partos en niñas y adolescentes. En el primer trimestre se registraron 592 partos en adolescentes de entre 15 a 19 años. De esta forma, Piura es la tercera región con mayor número de partos adolescentes después de Lima y Loreto. Así se informó a través de un estudio de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Piura. El mismo informe detalló que 8 niñas de 11 a 14 años también se han convertido en madres. Aunque en lo que va del año no hay partos en niñas menores de 10 años, en el 2023 sí se reportó un caso.

Ante esto, Pablo Zacarías, jefe de la Unidad Funcional de Salud Sexual y Reproductiva, se mostró preocupado en el lento proceso que sigue el PRIG y que dificulta conocer la situación en las zonas rurales y aplicar estrategias de inclusión.

“Ya es momento de meter mano a los instrumentos legales para poder obtener el Plan Regional de Igualdad de Género”, dijo Carmen Campos, directora de Centro Ideas. Ella recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya sancionó al Estado peruano en una ocasión por discriminación y hechos de violencia contra Azul Rojas Marín.

Como sociedad civil y medio de comunicación nos toca asumir nuestro rol de vigilancia ciudadana. A lavez, nos toca promover la aprobación de políticas públicas que beneficien a la población más vulnerable.