El Gobierno regional de Piura presentará una recusación contra los árbitros Fernando Cantuarias y Franz Kundmüller, quienes tienen a cargo tres arbitrajes entre el Proyecto Alto Piura (Peihap) y el consorcio Obrainsa Astaldi.
El motivo de la recusación es que ambos abogados forman parte del grupo de árbitros a los que se ha dictado 18 meses de prisión preventiva por el presunto favorecimiento a Odebrecht en arbitrajes contra el Estado peruano.
A través de un comunicado, el Gobierno regional de Piura informó que, ante esta situación, presentarán formalmente “la recusación contra estos dos abogados, a fin de mantener un proceso arbitral que no perjudique los intereses del Estado”.
Añade que esta recusación será enviada al Centro de arbitrajes de la Cámara de Comercio de Piura, para desarrollar el trámite requerido.
Asimismo, asegura que con oficio N° 104- 2019, del 25 de octubre de 2019, la Procuraduría AdHoc del Gobierno regional advirtió a la Cámara de Comercio de Piura del riesgo de continuar con árbitros que eran investigados por presuntos actos de corrupción.
Procesos pendientes
El primer arbitraje es porque Obrainsa pide al proyecto Alto Piura un pago de 2 millones 600 mil soles porque, a su decir, los retrasos en las obras y las paralizaciones se debían a la falta de energía eléctrica. Este proceso es el único en que los investigados no forman parte del tribunal.
El segundo proceso también ha sido abierto porque no se concedió al consorcio los tres pedidos de ampliación de plazo. El monto en controversia es de 13 millones de soles.
El tercer y cuarto proceso se han acumulado en uno solo y es por el pedido de cinco ampliaciones de plazo. El monto que el consorcio Obrainsa Astaldi exige es de 10 millones de soles.
Medida extemporal
El especialista en temas de arbitrajes, Waldir Sánchez Rangel, calificó de extemporal la recusación que hará el Gobierno regional pues con la prisión preventiva los árbitros dejan de ejercer su labor.
Añadió que la gestión de Reynaldo Hilbck debió pedir el cambio de los abogados cuando empezaron a ser investigados por la Fiscalía desde hace tres años.
Waldir Sánchez Rangel, exadministrador del Consejo de Arbitrajes del Colegio de Ingenieros de Piura, consideró que la recusación que presentará la actual gestión de Servando García es una medida extemporal porque con la prisión preventiva, los abogados Fernando Cantuarias y Franz Kundmuller quedan impedidos de dirigir el arbitraje entre el Proyecto Alto Piura y el consorcio Obrainsa Astaldi.
“Se está dando una situación ya de facto, es decir, que al estar privados de su libertad por 18 meses ellos indudablemente se van a ver impedidos de continuar en el ejercicio de la función arbitral”, expresó Sánchez.
Sin embargo, cree que la prisión preventiva en contra de ambos árbitros es un agravante que de todas maneras le servirá al Gobierno regional si es que decide seguir adelante con la medida de recusación.
El especialista explicó que, si sobre uno de los integrantes del Tribunal Arbitral hay dudas sobre su imparcialidad o independencia, la Ley de Arbitrajes permite recusarlo para que se designe a otro. Por ello, considera que la gestión de Reynaldo Hilbck debió pedir el cambio de los abogados cuando empezaron a ser investigados por la Fiscalía desde hace tres años.
Si ambos árbitros ya estaban incluidos en una investigación promovida por el mismo Estado peruano, esto debió ser advertido. “Entonces según mi opinión la gestión pasada [de Reynaldo Hilbck] sí pudo recusar en su debido momento a ambos árbitros”, señaló Sánchez en entrevista con Cutivalú.
Para Sánchez Rangel la prisión preventiva de año y medio contra los 14 árbitros involucrados en el presunto favorecimiento a Odebrecht, es excesiva porque la investigación viene desde hace tres años, sin que hasta el momento se tenga mayores pruebas más que los testimonios de supuestos colaboradores.
