La Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA) de Sullana sancionó a tres trabajadores de la Corte Superior de Justicia de Sullana, debido al retraso en el caso del alcalde de Ayabaca, Humberto Marchena Villegas, quien es investigado por los presuntos delitos de colusión, peculado y negociación incompatible.
Dos trabajadores pertenecen a la Sala de Apelaciones y uno al Juzgado de Investigación Preparatoria en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Este despacho es precisamente el que tiene a cargo el caso del alcalde.
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Según dieron a conocer fuentes de la ODECMA a CUTIVALÚ, la sanción impuesta al personal consiste en una amonestación escrita que quedará en su legajo como un demérito, con la posibilidad de una sanción mayor, de persistir en la falta.
La resolución fue emitida en la segunda semana de julio y, en visita judicial N° 547-2018, se notificó a las partes, por lo cual la decisión fue apelada por los servidores públicos, quienes deberán presentar sus descargos.
Fiscalía logra sustentar pedido de prisión contra alcalde Humberto Marchena
La investigación, que duró dos meses, partió del frustrado inicio de control de acusación programado para el 20 de abril, día en que la audiencia no se pudo instalar porque coincidió con un desalojo que debía atender el juez Carlos Muñoz Alfaro.
La ODECMA encontró responsabilidad en el personal judicial, debido a que programó dos diligencias en el mismo día. Además, no se tuvo en cuenta que para esa fecha aún estaba pendiente de resolver la Constitución de Actor Civil, en este caso, la Procuraduría Pública.
El último martes, la Fiscalía Anticorrupción de Sullana recién logró sustentar el pedido de 12 años de prisión contra el alcalde Humberto Marchena y siete funcionarios de su gestión, así como 9 años para otro funcionario y 24 para su concuñada Maximina Granadino Cunya, presuntamente favorecida de manera ilegal.
La continuación de esta audiencia será el miércoles 8 de agosto en la sede del Juzgado Anticorrupción de Sullana. Ese día, el abogado Alberto Borea Odría, defensor del alcalde Marchena, hará las observaciones pertinentes al requerimiento penal y además se evaluará las acciones de excepción.
