Octubre nos recuerda que el Perú es un país de santos y devociones: Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, Sarita Colonia, el Señor de los Milagros, el Señor Cautivo. Estos dos últimos nos pintan el alma de color morado en octubre. Hasta tenemos un Papa peruano, León XIV, que nos visitará en noviembre. Sin embargo, tantos santos nacidos en esta tierra no alcanzan para devolverle al Perú el milagro de salir de esta larga crisis como país. Los santos rezan y proclaman el evangelio; los políticos, en cambio, destruyen el sueño de miles de compatriotas. Y la pregunta se vuelve inevitable: ¿para quién gobierna la señora Keiko Fujimori?
La respuesta, a juzgar por sus actos, es que gobierna para quienes tienen poder, sea político, económico o militar. Tenemos una presidenta que habla más de los derechos de los militares que de los de la población, que se toma fotografías con uniformados y no con la gente, y que promueve leyes para favorecer a las grandes empresas bajo la creencia de que, si a ellas les va bien, el peruano de a pie terminará beneficiándose. Las exoneraciones a las agroexportadoras son un ejemplo claro de esa lógica que lleva décadas prometiendo un «chorreo» que nunca llega.
Cada uno de esos tres públicos tiene su razón. Gobernar para los militares garantiza su respaldo y su permanencia, al estilo de la señora Boluarte. Gobernar solo en favor de los empresarios es pagar una deuda contraída a lo largo de cuatro campañas. Y gobernar para los políticos, es decir, para los partidos que hoy votan en el Senado, es una forma de sostenerse en el poder.
El pedido de facultades legislativas confirma esta sospecha. La presidenta exige poderes especiales y, cuando no se los dan, hace berrinche y amenaza con no gobernar. Pero ¿por qué convertirlo en cuestión de Estado? Las razones que se invocan, la inseguridad ciudadana y la atención al Fenómeno El Niño, no requieren facultades extraordinarias. Fortalecer la inteligencia contra la criminalidad o asignar presupuesto a las zonas que sufrirán el FEN ya forma parte de las funciones del cargo. Queda claro que esos temas funcionan como un caballo de Troya: con ellos se abre la puerta para legislar a favor de las AFP y de la flexibilización laboral, y en contra del medio ambiente y de la ciudadanía que sale a protestar.
¿Por qué aprovechar esas facultades para legislar sobre asuntos que no son urgentes, como las leyes laborales, que necesitan mayor debate, o la compra de armas a un país que vive de venderlas? Con un Congreso que no controla del todo, la presidenta pierde la oportunidad de devolver favores a las empresas que financiaron su campaña. Legislar en derechos laborales exige diálogo, no decretos; hacerlo fuera del Congreso es peligroso porque ninguna urgencia lo justifica y porque se usaría para favorecer a las empresas. Eso es un gobierno de los ricos. Y en seguridad ciudadana, lo coherente sería pedir al Congreso que derogue las leyes promovidas por Fuerza Popular que han debilitado la lucha contra la criminalidad.
Frente a este panorama, el país necesita cuatro acciones urgentes. Primero, derogar las leyes procrimen y destinar los recursos a equipos tecnológicos de inteligencia para la PNP, en lugar de comprar armas de guerra a Estados Unidos. Segundo, un plan económico unificador que no solo beneficie a los poderes económicos, sino sobre todo a quienes sobreviven día a día, tres cuartas partes del país. Tercero, una reforma del sistema electoral que permita elegir mejores autoridades y contar con partidos fuertes y de presencia nacional, no con señores que crean partidos como negocio. Cuarto, y más importante para la democracia y el Estado de derecho: defender la independencia de poderes, garantía de las libertades y los derechos de todos los peruanos y peruanas.
Un gobierno se mide por a quién protege. Hoy, el Perú sigue esperando que esa respuesta sea, por fin, su gente: los millones de peruanos y peruanas que viven en una crisis permanente.
