Escribe: Carlos Chunga
El alcalde de Ayabaca, Humberto Marchena Villegas, es acusado de peculado, colusión y aprovechamiento indebido del cargo. La Fiscalía Anticorrupción de Sullana le imputa estos tres delitos debido al presunto favorecimiento ilegal a la proveedora Maximina Granadino Cunya entre los años 2011 y 2013.
Hay ocho funcionarios involucrados en la investigación. Para siete de ellos, al igual que para Marchena, el Ministerio Público pide 12 años de cárcel, y 9 años para el otro. Además, se está pidiendo 24 años para Maximina Granadino, quien fue inhabilitada de forma definitiva para contratar con el Estado debido a que presentó documentación inexacta.
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Todo inició en diciembre del 2013, cuando el coordinador regional de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios denunció a Marchena y sus funcionarios ante la Fiscalía.
A los dos años, la Contraloría General de la República presentó la carpeta de control N° 084-2015, producto de la auditoría realizada al periodo julio 2011 – agosto 2013 en la Municipalidad Provincial de Ayabaca.
Postergan por sétima vez la audiencia del alcalde Humberto Marchena
Dicho informe revela “hechos que denotan presunta responsabilidad penal” en torno al “favorecimiento a la postora Maximina Granadino Cunya en 13 procesos de selección con el otorgamiento de la buena pro”, pese a que durante la etapa de registro de participantes no presentó la documentación respectiva.
Tres años después, el Juzgado Anticorrupción de Sullana no puede procesar a los acusados porque la audiencia de control de acusación (primera etapa del proceso judicial) no se ha llevado a cabo por diversos motivos.
La primera citación fue para el lunes 12 de junio del 2017, pero se frustró por la ausencia de dos abogados defensores. La audiencia fue reprogramada para el viernes 16 de agosto, pero tampoco se pudo realizar. Esta vez la parte imputada alegó que no fue notificada adecuadamente.
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La tercera fecha de citación fue el jueves 21 de diciembre, día que coincidió con el primer pedido de vacancia contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Aquí es importante indicar que Alberto Borea Odría es abogado tanto de Marchena como de PPK, por lo que, al tener que acudir al Congreso, el constitucionalista se ausentó del Juzgado de Sullana y frustró la audiencia.
La cuarta citación fue para el miércoles 24 de enero del 2018, pero el abogado de Maximina Granadino no acudió y la audiencia se postergó para el jueves 22 de marzo, día que coincidió con el segundo pedido de vacancia contra PPK. Si bien Borea alegó que no podía estar presente, hay que mencionar que la defensa del expresidente nunca se concretó, ya que este renunció el día anterior.
Además, hubo un cambio de juez, pues hasta febrero estuvo a cargo la magistrada Alma Garay Pinday, pero desde marzo la reemplazó Carlos Cristian Muñoz Alfaro, quien era juez de Paz Letrado con Funciones de Investigación Preparatoria de Ayabaca.
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Continuando con las reprogramaciones, la nueva fecha fue el viernes 20 de abril. Todas las partes acudieron sin problemas, pero quien esa vez se ausentó fue el juez Carlos Muñoz, quien dijo que debía atender una diligencia de desalojo.
Antes de anunciar una nueva fecha, Muñoz dispuso determinar la constitución de actor civil, en este caso, la Procuraduría Pública, que hasta ese momento no era parte del proceso para defender los intereses del Estado. Eso se solucionó y se programó una sétima citación para el 27 de junio.
Sin embargo, quien falló esta vez fue la Procuraduría Pública, que había dicho que defendería al municipio de Ayabaca, pero no formalizó el requerimiento del perjuicio económico por el presunto caso de corrupción. Esto a pesar de que la Contraloría ya había estimado un monto de S/ 287.083,96.
Así, la octava fecha programada para la audiencia de Humberto Marchena es el próximo martes 24 de julio. Mientras los ayabaquinos esperan justicia, su alcalde, con casi 30 años en el poder, piensa postular por novena vez consecutiva.
