La Contraloría General advirtió deficiencias en la elaboración de las bases integradas del nuevo procedimiento de selección para el proyecto de mejoramiento del establecimiento de salud de Máncora, en la región Piura, cuya inversión supera los 39 millones de soles.
Como parte de las intervenciones del Megaoperativo de Control en la región, se emitió y publicó el Informe de Hito de Control N° 19266-2021-CG/GRPI-SCC, el mismo que fue comunicado al gobernador regional de Piura, Servando García Correa, para que adopte las acciones que corresponden en salvaguarda de los recursos públicos.
De la revisión realizada al procedimiento de contratación pública, se verificó que la definición de obra similar establecida en las bases integradas no guarda relación con el objeto de la convocatoria, ya que las mismas consideraron como obras similares el mejoramiento, reparación o rehabilitación de carreteras, caminos vecinales, pistas o calles. Este hecho podría permitir que se seleccione a un postor que no cuenta con experiencia en la ejecución de establecimientos de salud.
Además, se evidenció que las bases integradas -desde el pasado 23 de setiembre- no incluyen la modalidad de contratación, lo cual pone en riesgo la puesta en servicio del proyecto, más aún por tratarse de un establecimiento de salud. Esta situación contraviene con el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debido a que la obra contempla prestaciones como ejecución, equipamiento y montaje que están consideradas en determinadas modalidades de contratación.
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Asimismo, se advirtió una incongruencia en las penalidades establecidas en las bases, lo cual genera el riesgo de que se efectúe un procedimiento incorrecto en su aplicación ante eventuales incumplimientos por parte del contratista durante la ejecución de los trabajos.
Al respecto, se evidenció que se ha establecido una penalidad de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) cuando el contratista incumpla los trabajos con personal acreditado o debidamente sustituido, y por otro, se sanciona la falta del residente de manera menor, cuando dicho profesional forma parte del personal acreditado.
Como se recuerda, por esta obra se detectó la presentación de cartas fianzas falsas, lo cual originó la resolución del contrato, y una intervención de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en las oficinas del Gobierno Regional de Piura que derivó con la detención y posterior prisión preventiva para varios funcionarios de confianza del gobernador regional, entre ellos su mano derecha, Jesús Torres Saravia, exgerente general, hoy preso en el Penal de Piura.
