La Contraloría detecta deficiencias en trabajos de prevención de la Dirección Regional de Educación ante el FEN

La Contraloría General de la República (CGR) advirtió deficiencias e inconsistencias en las acciones presupuestales, de gestión, operativas y pedagógicas que adoptó la Dirección Regional de Educación Piura y las unidades de gestión educativa local (UGEL), ante los pronósticos de lluvias asociados al Fenómeno El Niño (FEN). 

Estas situaciones podrían afectar la adecuada preparación de la infraestructura educativa, la implementación de medidas preventivas y de mitigación, así como la continuidad del servicio educativo después de una eventual emergencia.

De acuerdo al Informe de Hito de Control n.º 016-2026-OCI/0739-SCC, cuyo periodo de evaluación fue del 1 de julio al 16 de octubre de 2026, se identificaron deficiencias en la determinación, el sustento y la validación de los costos de los requerimientos para la prevención ante el FEN. 

Esta situación genera el riesgo de que los recursos presupuestales solicitados por la dirección regional no estén debidamente dimensionados ni cuenten con el sustento técnico y económico necesario para garantizar su razonabilidad y uso eficiente.

De acuerdo con la matriz de requerimientos específicos, las instituciones educativas de las 12 UGEL necesitan un presupuesto total de S/ 31 711 218 para el traslado e instalación de aulas prefabricadas, la adquisición de motobombas, kits de herramientas y seguridad, kits de higiene y calaminas. 

Sin embargo, la comisión de control advirtió que estos requerimientos no estaban debidamente dimensionados, carecían del sustento correspondiente y presentaban inconsistencias en el cálculo de los costos.

Asimismo, se identificaron deficiencias en la elaboración y consolidación de la información técnica sobre la infraestructura educativa, situación que limita la planificación y adopción de medidas preventivas y pone en riesgo el uso eficiente de los recursos públicos.

Si bien el diagnóstico utilizado por la dirección regional identifica 795 instituciones educativas con niveles de riesgo alto (549) y muy alto (246), se verificó que al menos seis planteles no fueron incluidos en dicha relación. 

Esta omisión se produjo pese a la existencia de comunicaciones formales, antecedentes de inspecciones y alertas sobre las condiciones de su infraestructura, lo que evidencia una insuficiente integración de la información disponible en el diagnóstico regional. 

Además, la entidad no consolidó la información sobre la disponibilidad de módulos prefabricados existentes en la región, situación que podría generar duplicidad de costos o una sobreestimación de la demanda.

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De igual manera, se advirtieron deficiencias e inconsistencias en la formulación del requerimiento presupuestal para atender necesidades prioritarias, como la adquisición de kits preventivos de herramientas y mantenimiento, así como de calaminas galvanizadas. 

La Dirección Regional de Educación tramitó esta solicitud ante el Gobierno Regional de Piura sin coordinar previamente con su área de Abastecimiento, lo que impidió validar los costos mediante indagaciones de mercado e iniciar las actuaciones preparatorias correspondientes.

Esta falta de articulación, sumada a las continuas reformulaciones de los montos solicitados, podría retrasar la adquisición y distribución de bienes preventivos destinados a las instituciones educativas clasificadas con riesgo alto y muy alto. Ello comprometería la oportunidad de implementar medidas de protección para la comunidad educativa antes de la culminación de las clases presenciales, prevista para el 27 de noviembre de 2026.

El informe también identifica inconsistencias en la designación de la sede alterna de la DREP y deficiencias en el Plan de Continuidad Operativa 2025-2027. Asimismo, advierte la falta de aprobación mediante resolución y la desactualización del plan de contingencia ante lluvias intensas, entre otros aspectos.

Los resultados del servicio de control fueron comunicados al titular de la Dirección Regional de Educación Piura para que, en el marco de sus competencias, adopte las acciones preventivas y correctivas que correspondan, a fin de subsanar las deficiencias identificadas y garantizar la adecuada preparación del sector educativo ante los posibles efectos del Fenómeno El Niño.