Tras los informes de Cutivalú sobre el posible colapso de los botaderos de materiales excedentes de la construcción de la carretera Canchaque – Huancabamba, así como el daño ambiental por el presunto arrojo de piedras y rocas a la microcuenca Pusmalca de parte de la empresa que construye la vía, la asesora legal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA, Fátima Contreras Tellez, advierte que por lo conocido en este caso, sí se estaría cometiendo el delito ambiental por el incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos. La abogada detalla que por este delito los que resulten responsables pueden obtener entre 3 a 6 años de cárcel.
Contreras Tellez precisó que para entablar la denuncia penal, la Fiscalía Especializada en delitos ambientales es la que debe iniciar una investigación. Asimismo, la Procuraduría del Ministerio del Ambiente también puede intervenir en defensa del ecosistema peruano.
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Sin embargo, aclaró que esta vía demandará más tiempo. Por ello, recomienda agotar la vía administrativa y acudir a los fueros judiciales como última opción.
La experta en legislación ambiental explica que los obligados a responder por este daño ambiental son, el Consorcio Vial Piura, en su calidad de ente contratado para que ejecute la obra, y Provias Nacional del MTC, parte contratante que tiene a cargo este importante megaproyecto. “Ambos son los responsables de asegurar que estas rocas sean dispuestas en espacios que están dedicados a tratar este tipo de residuos”, manifestó Contreras Tellez para este informe.
Agrega que la construcción de la carretera Canchaque – Huancabamba tendría que contar con un instrumento de gestión ambiental que incluya un plan de manejo de estos residuos sólidos (rocas y piedras), propios de la ejecución de una vía de esta magnitud.
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Sin embargo, desde el sector público, no sólo Provias Nacional del MTC es el llamado a intervenir. Según Contreras Tellez, quien también está llamada a intervenir es la Autoridad Nacional del Agua – ANA, pues lo que ocurre en la microcuenca del Pusmalca es una vulneración a la Ley de Recursos Hídricos, normativa que establece como una infracción en materia de agua, dañar u obstruir los cauces o los cuerpos de agua.
La especialista explica que la infracción puede ser calificada como leve, moderada o grave, dependiendo de la evaluación hecha por la ANA. Luego de ello se aplica una sanción económica a la empresa ejecutora y/u ordena acciones que remedien el daño, como el de retirar las piedras y rocas arrojadas en toda la microcuenca. “Lo que ocurre con esta disposición de rocas en Pusmalca está probablemente alterando el curso del agua, las riberas de la microcuenca. Además, cualquier tipo de disposición a los cauces o a los cuerpos del agua tienen que tener una autorización de la ANA”, añade Fátima Contreras.
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La abogada de la SPDA añade que el Gobierno regional de Piura también debería intervenir a través de acciones de vigilancia, supervisión y fiscalización que garanticen que estas rocas y piedras no provoquen, por ejemplo, nuevos aluviones como el ocurrido en marzo de 2021.
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