Consorcio Inundaciones Piura rechaza acusaciones de exfuncionarios

Río Piura presentando uno de sus mayores caudales. / Foto: Diana García.

A pocos días de vencerse el plazo para que el gobernador regional de Piura, Servando García Correa se pronuncie respecto a la anulación del contrato del consorcio Inundaciones Piura, la empresa emitió un comunicado refiriéndose a las declaraciones dadas por el exgerente, Gilmar Lizana Puelles y el exgerente administrativo del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (Peihap), Carlos Cueva Palacios

1) El Consorcio indicó claramente su domicilio legal en Miraflores-Lima en su acuerdo
notariado, cláusula 3, párrafo 5. Acuerdo presentado con la oferta, el 30 de noviembre,
y reiterado en fase de perfeccionamiento del contrato, el 12 de diciembre.

2) La responsabilidad de redactar el contrato es del PEIHAP, que consignó erróneamente
dos veces el domicilio de notificaciones como legal y de notificaciones, en el contrato
firmado el 13 de diciembre. Este fallo del PEIHAP es subsanable con una simple adenda.

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3) El cúmulo de sucesos que se producen por una deficiente verificación de los ahora ex
responsables del PEIHAP de la documentación contractual y pre contractual es enorme,
llegando a provocar un error en una acta policial, que califica el domicilio de
notificaciones como legal, obviando el sistema principal de comunicación del contrato
mediante correo electrónico y haciendo todo tipo de especulaciones en medios sobre la
solvencia del consorcio, formado por 3 firmas de larga trayectoria internacional y que,
entre otros, habían aportado más de 4 millones de soles de fianzas, emitidas por 3
entidades financieras de prestigio como BBVA Continental, BCP y BANBIF.

4) La anulación del viernes 15 de febrero es adoptada por funcionario sin competencias
para ello. Los plazos de descargo otorgados al consorcio a partir de una primera
comunicación por mail el día 18 fueron extremadamente cortos e ilegales. Aun así se
presentó descargo, cuyos fundamentos se mantienen vigentes en su totalidad.

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5) La ejecución de una de las dos fianzas de anticipo antes del plazo legal es un hecho
muy grave y ha supuesto el primer siniestro en los 46 años de existencia de una de las
firmas, afectando a su reputación financiera. Se trató de ejecutar también la segunda
fianza de forma ilegal, cuyo importe estaba siendo entregado por cheque de gerencia el
mismo 28 en el PEIHAP, de acuerdo a lo requerido por sus ex responsables, y
acompañados de notaria.

6) Se comentó también que parte del equipo de trabajo forma parte del contrato de
supervisión de un plan de inundaciones próximo. Esto es perfectamente legal y
gestionable en fase de ejecución. Ambos contratos no han dado a inicio, al tener
cláusulas suspensivas y la mayoría de profesionales no tienen dedicación exclusiva. El
Consorcio ya manifestó y puede demostrar que había reforzado los equipos de trabajo
con profesionales de primer nivel adicionales a los ofertados, que iniciaron algunas
tareas previas a nuestra cuenta y riesgo.

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7) Subyace en todo el discurso de los ex-funcionarios que los TdR del trabajo no son útiles
para Piura, lo que supone una crítica frontal al ex equipo del PEIHAP que promovió la
licitación y adjudicó, además de a la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, al Banco
Interamericano de Desarrollo y al profesional que trabajó en su elaboración. El Consorcio
reitera su voluntad de, en fase inicial de ejecución contractual, reunirse con la sociedad
civil representativa de Piura y contribuir a la redefinición de alcances, caso que sea
necesaria, en un proceso consensuado con el cliente y verificado por la ARCC.

8) El consorcio continúa preparando su arbitraje, cuyo plazo límite de presentación vence
el 15 de marzo.

9) El Consorcio Inundaciones Piura continúa con ganas de aportar su experiencia
internacional combinado con profesionales peruanos y piuranos, para realizar el mejor
Plan de Inundaciones y de Drenaje de Piura. Sus socias tienen antecedentes claros de
haber trabajado con éxito proyectos estratégicos en Piura, Perú y en el mundo.Esperamos que la anulación ilegal y viciada se pueda deshacer, nos reservamos las
acciones legales contra los funcionarios que han llevado el expediente a estos extremos,
y esperamos que se contrate una supervisión y se pueda dar por fin inicio a unos trabajos
tan necesarios para Piura como para los piuranos.

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10) Lamentamos que los señores ex funcionarios sigan mal informando y especulando
sobre lo que es perfectamente demostrable por el consorcio ante la ley y la sociedad civil
y profesional. Lo sucedido puede conducir a que Piura, que fue el primero de la veintena
de estudios financiados por la ARCC que se contrató, pueda ser el último o uno de los
últimos en comenzar, por causas exclusivamente imputables a los ex funcionarios del
PEIHAP