Este martes 9 de noviembre los comuneros de Catacaos recorrieron las principales calles de la ciudad exigiendo el apoyo de las autoridades para que las empresas vinculadas al Sodalicio no les arrebaten las tierras comunales que consideran, les pertenecen por derecho.
Tras más de 10 años de lucha, este conflicto de tierras ha dejado como resultado, dos comuneros de Catacaos asesinados, siete heridos y otros 39 denunciados, según la Unidad de protección de defensores de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), institución que desde el 2014 brinda acompañamiento legal a la comunidad.
Este jueves 11 de noviembre continuará el juicio para determinar si los comuneros denunciados por presunta usurpación de tierras son desalojados. Como se sabe, en primera instancia, la jueza Iris Soledad Suárez Lozada del Juzgado Transitorio de Catacaos declaró fundada la demanda interpuesta por la Asociación Civil San Juan Bautista, vinculada al Sodalicio de Vida Cristiana.
Al respecto, el comunero de Catacaos, Luis Inga Sandoval, señaló que si bien son 10 los comuneros denunciados que enfrentan este proceso, son muchos más los afectados pues, si el Poder Judicial falla a favor de las empresas, serían más de 200 familias las desalojadas de las tierras comunales.
“Son 10 los denunciados pero hay muchas familias que viven del campo en la comunidad de Catacaos. De esta sentencia depende que más de 200 familias terminen perjudicadas por el desalojo. Son familias ganaderas y dedicadas a la apicultura”, remarcó.
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Felipe Yovera Yovera, otro de los comuneros afectados, señaló que para esta audiencia demostrarán ser los legítimos propietarios de las tierras. “Estamos demostrando que nosotros somos los propietarios de las tierras. Si dicen lo contrario estarían vulnerando nuestros derechos (…) Si el fallo fuera favorable a las empresas, tendríamos que convocar a una movilización y se desataría un caos social porque vamos a salir a exponer nuestras vidas en defensa de nuestro territorio”, enfatizó el comunero.
Los comuneros de Catacaos viven del campo, por la ganadería y agricultura que vienen desarrollando durante toda su vida, un oficio que ha pasado de padres a hijos a lo largo de los años. Por ello, Liset Calcina Silva, una joven comunera, sostiene que sería injusto que los despojen de sus tierras. “Somos nacidos acá y vamos a seguir luchando y apelando si este jueves nos dan una mala noticia”, remarcó.
Por su parte, Luis Inga Sandoval, dirigente de la comunidad, señaló que si el Poder Judicial falla en contra de los comuneros, realizarán un paro regional incluyendo el bloqueo de carreteras pues, pese a que han llevado todo el proceso de forma pacífica, “nos ponen contra el filo para llegar a esos extremos”, puntualizó.
Otra de la comuneras, Gloria Maza Naquiche, invocó a las autoridades a brindar el apoyo necesario a la Comunidad Campesina para que no sigan recibiendo ataques y hostigamientos por parte de las empresas vinculadas al Sodalicio y puedan vivir tranquilos en las tierras heredadas por sus ancestros.
Cabe resaltar que, la abogada a cargo de la defensa de los comuneros, Paola Quispe Peña, remarcó que las empresas vinculadas al Sodalicio realizaron una posesión de tierras irregular a espaldas de la comunidad. “La posesión [de las tierras de la comunidad] la hicieron de manera violenta, causando muertes. El Ministerio Público dejó de investigar, no sabemos por qué razón, pero son comuneros que hasta el día de hoy no reciben justicia”, puntualizó.
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Por su parte, el miembro de la Unidad de Protección de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Carlos Rodríguez Huambachano, enfatizó que las empresas vinculadas al Sodalicio han ido transfiriendo los terrenos y las demandas que realizan contra los comuneros a lo largo del tiempo, sin embargo esto no es investigado por las autoridades.
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