A través de un comunicado, los supervivientes cuestionan la transferencia de activos vinculados a los cementerios Parque del Recuerdo, el archivo de una investigación por presunto lavado de activos y la actuación de antiguos dirigentes. También reclama explicaciones a autoridades eclesiásticas y estatales.
Los supervivientes del Sodalicio de Vida Cristiana denunciaron que la estructura económica, vinculada a la organización, continúa activa, pese a la supresión que dispuso la Santa Sede. Esta condición podría llevar a una presunta privatización de los bienes del sodalicio que debían destinarse a la reparación integral de las víctimas de abusos. Por ello, exigieron a la Iglesia católica y al Estado peruano adoptar medidas para determinar el destino de los activos y garantizar una reparación efectiva.
En un extenso comunicado público, los denunciantes señalaron a los últimos dirigentes del Sodalicio, a representantes de la Asociación Civil San Juan Bautista y a cuatro obispos peruanos, por sus presuntas responsabilidades en operaciones patrimoniales que -exigen- deben ser esclarecidas.
El pronunciamiento se produce después de que el Vaticano dispusiera la supresión del Sodalicio, formalizada el 14 de abril de 2025, y en medio de los reclamos de las víctimas por los abusos físicos, psicológicos y sexuales, denunciados durante años contra integrantes de la organización.
«Los supervivientes denunciamos que, pese a la supresión del Sodalicio, su estructura económica continúa activa. Denunciamos, en particular, la presunta privatización de bienes que, antes de la supresión, tenían carácter eclesial y que, a nuestro entender, debían ponerse a disposición del comisario pontificio, para contribuir a la reparación integral de las víctimas», detalla el escrito.
Uno de los antecedentes centrales fue la expulsión de su fundador, Luis Fernando Figari, el 14 de agosto de 2024, tras las denuncias de abusos, incluso contra menores. En septiembre de ese mismo año, el papa Francisco también dispuso la expulsión de otros diez integrantes, entre ellos el exsuperior general Eduardo Regal y el entonces arzobispo emérito de Piura, José Antonio Eguren.
Las medidas se adoptaron en el contexto de las investigaciones impulsadas por la Santa Sede sobre los abusos y las responsabilidades dentro de la institución.
Con la supresión del Sodalicio se puso fin formalmente a la sociedad de vida apostólica, pero no eliminó la necesidad de esclarecer las responsabilidades individuales ni las cuestiones patrimoniales pendientes. Para las víctimas, la liquidación de la institución debe incluir transparencia económica y medidas concretas de reparación.
Por ello, reclamaron al Vaticano que no autorice la incardinación de sacerdotes que pertenecieron al Sodalicio, ni otorgue reconocimiento canónico a nuevas entidades que incorporen a antiguos integrantes de esa comunidad, mientras no se complete la reparación económica. También pidieron que no se autoricen celebraciones religiosas públicas en los cementerios Parque del Recuerdo.
«Exigimos a la Santa Sede que, mientras no se complete la reparación económica de las víctimas, no se incardine a sacerdotes que pertenecieron al Sodalicio, no se autoricen celebraciones religiosas públicas en los cementerios Parque del Recuerdo y no se otorgue reconocimiento canónico a nuevas entidades que incorporen a antiguos miembros de esta familia espiritual».
El destino de los bienes
En el comunicado, los supervivientes atribuyen a José David Correa, a Juan Carlos Bolt y a José Antonio Dávila, presunta responsabilidad en operaciones de privatización de bienes que consideran eclesiales y que, según sostienen, debían quedar a disposición del comisario pontificio, Jordi Bertomeu Farnós.
También cuestionaron la actuación de los obispos Carlos García Camader, José Antonio Eguren Anselmi, Lino María Panizza Richero y Luis Alberto Barrera Pacheco, quienes, de acuerdo con el pronunciamiento, estaban al frente de las diócesis propietarias de los cementerios Parque del Recuerdo en 2021.
Los denunciantes sostienen que la transferencia de estos bienes se habría realizado sin la autorización de la Santa Sede, tal como manda la legislación canónica.
«Consideramos necesario esclarecer por qué quienes tenían responsabilidades de gobierno eclesiástico no habrían garantizado suficientemente la protección de estos bienes ni la defensa de las víctimas frente a la Asociación Civil San Juan Bautista, que, según la información de la que disponemos, es actualmente propietaria de esos activos».
El comunicado también exige explicaciones al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por su participación, a través de la sociedad ACRES, en la constitución de un fideicomiso de titulización de activos, destinado al desarrollo de nuevos cementerios junto con dicha asociación civil.
El documento exige, además, que la Asociación Civil San Juan Bautista presente información documentada sobre la titularidad, administración y destino de los activos relacionados con la antigua organización.
Cuestionan actuar de la Fiscalía
Los supervivientes también cuestionaron la decisión del Ministerio Público de archivar, el 5 de octubre de 2026, una investigación por presunto lavado de activos atribuida a la Asociación Civil San Juan Bautista.
En el comunicado, expresaron su preocupación por considerar que la decisión no ofrece suficientes respuestas sobre las operaciones cuestionadas ni sobre la documentación que, según indican, el Sodalicio habría entregado al Estado peruano, a raíz de los requerimientos de la Santa Sede.
«Consideramos necesario determinar si la investigación examinó de manera exhaustiva la documentación disponible, las operaciones cuestionadas y los posibles indicios relevantes. Asimismo, denunciamos lo que entendemos como un posible incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado peruano en materia de investigación y lucha contra el lavado de activos, sin perjuicio de la valoración jurídica que corresponda a las autoridades competentes».
Por ello, solicitaron que se expliquen públicamente los fundamentos del archivo, las diligencias efectuadas y el alcance de la documentación examinada. También pidieron que se evalúe la adopción de las medidas legalmente correspondientes si se identifican indicios que justifiquen nuevas actuaciones.
Medidas contra antiguos integrantes
En el ámbito eclesiástico, los denunciantes cuestionaron la demora en adoptar medidas respecto de la parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación, ubicada en Camacho, Lima. En particular, expresaron su rechazo a que Ignacio Blanco Eguiluz, quien fue secretario de Luis Fernando Figari durante más de veinte años, continúe impartiendo clases públicas en ese entorno.
También, cuestionaron que Juan Carlos Rivva Lama, conocido como padre Chaly, continúe ejerciendo como párroco, a pesar de que fue señalado por varias víctimas por presuntos abusos.
Los supervivientes reclamaron al cardenal Carlos Castillo Mattasoglio adoptar medidas para evitar que los espacios eclesiales se conviertan en ámbitos de continuidad o legitimación de personas y prácticas vinculadas con los hechos denunciados.
«Consideramos que la Iglesia no puede limitarse a reconocer la gravedad de los abusos y a suprimir la institución responsable sin examinar, también, la continuidad de las personas, las prácticas y los espacios vinculados a esa historia. Pedimos al cardenal Carlos Castillo Mattasoglio que actúe con decisión, escuche a los supervivientes y adopte las medidas necesarias, para garantizar que los espacios eclesiales no se conviertan en lugares de continuidad, legitimación o normalización de estructuras asociadas al daño que hemos sufrido. La protección de las víctimas debe prevalecer sobre cualquier consideración institucional», sostienen los supervivientes del Sodalicio.
También expresaron su rechazo a la inclusión de la periodista Fátima Saldonid en la comitiva periodística del próximo viaje papal al Perú. Solicitaron explicaciones al nuncio apostólico Paolo Rocco Gualtieri, a los obispos peruanos y al director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, sobre los criterios aplicados para seleccionar a los periodistas acreditados.
«En particular, cuestionamos la cobertura y las posiciones públicas que atribuimos a Fátima Saldonid, a quien vinculamos con el entorno del político peruano e influencer de ultraderecha Luciano Reboredo, director de “La Abeja”, en relación con ataques reiterados contra varios cardenales y obispos peruanos», exige el comunicado.
En otro punto, los supervivientes cuestionaron las acciones judiciales promovidas por la Asociación Civil San Juan Bautista contra el comisario pontificio Jordi Bertomeu Farnós y denunciaron una presunta campaña de descrédito en su contra.
Para los supervivientes, la reparación integral no puede limitarse a pedidos de perdón o declaraciones institucionales. Según mantiene el comunicado, requiere conocer la verdad sobre los abusos denunciados, esclarecer las operaciones económicas cuestionadas y garantizar que las víctimas reciban respuestas efectivas por parte de la Iglesia y del Estado.
«Las víctimas no somos herramientas al servicio de intereses ajenos, ni nuestra historia puede utilizarse para alimentar enfrentamientos políticos, mediáticos o institucionales. La cobertura mediática de este proceso debe contribuir a esclarecer los hechos y a exigir rendición de cuentas, no a dificultar la labor de quienes tienen el mandato de investigar la situación patrimonial del Sodalicio y hacer posible la reparación integral», reclamaron los firmantes.
