La Contraloría reveló que 1.633 funcionarios y servidores públicos, de los cuales 49 corresponden a la región Piura, fueron suspendidos o inhabilitados temporalmente para trabajar en el Estado, al contar con una sanción vigente por haber cometido infracciones administrativas graves o muy graves en el ejercicio de sus funciones (periodo enero-noviembre 2018).
De acuerdo a la gravedad de la infracción administrativa, los sancionados pueden ser suspendidos temporalmente para trabajar en el Estado desde 30 hasta 360 días o inhabilitados para ejercer la función pública de uno a cinco años.
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Entre las infracciones administrativas más frecuentes figuran:
- Actuar con parcialidad en contra de los intereses del Estado, en los contratos, licitaciones, concurso de precios, subastas, licencias, autorizaciones o cualquier otra operación o procedimiento en que participe con ocasión de su cargo, función o comisión, dando lugar a un beneficio ilegal, sea propio o de tercero.
- Incumplir las disposiciones legales que regulan expresamente su actuación funcional, generando grave perjuicio al Estado.
- Incumplir, negarse o demorar de manera injustificada e intencional, el ejercicio de las funciones a su cargo, en los procedimientos en los que participa con ocasión de su función o cargo.
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Para hacer efectivas las sanciones administrativas y salvaguardar los recursos públicos, la Contraloría ha presentado una iniciativa legislativa que incorpora como causales de vacancia de autoridades regionales y locales, la imposición de una sanción firme por parte la entidad fiscalizadora superior.
Según dicho proyecto de ley, la vacancia procederá cuando el plazo de la sanción administrativa impuesta a la autoridad regional o local sea igual o mayor al período que le resta de su mandato; mientras que la suspensión procederá si la sanción es menor al período en referencia.
La iniciativa se aplicará para el cargo de gobernador, vicegobernador y consejero regional; así como alcalde o regidor.
