Escribe: Federico Chunga Fiestas
Los 118 votos con los que el Congreso destituyó por unanimidad a todos los miembros titulares del Consejo Nacional de la Magistratura no es mérito ni de la mesa directiva del Congreso ni de los congresistas ni de los partidos políticos a los que estos pertenecen.
Es mérito de la ciudadanía que ha expresado sin ambages su indignación frente a los graves actos de corrupción de los consejeros del CNM, jueces, fiscales, congresistas, empresarios y políticos. Lo ha hecho a través de multitudinarias marchas pacíficas convocadas en todo el país, en las redes sociales y en diferentes espacios. Y es mérito también del periodismo de investigación independiente, principalmente de IDL-Reporteros al mando de Gustavo Gorriti, y de funcionarios como la Fiscal Rocío Sánchez, el juez Cerapio Roque, ambos del Callao, y del equipo Constelación de la Policía Nacional.
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Sin embargo, este importante logro puede ser apenas el espejismo de un cambio que nunca llegue a concretarse. Por ejemplo, ahora mismo se tramita en el Congreso un proyecto de ley para que la reforma del sistema de justicia esté a cargo de la Comisión de Constitución, presidida por el partido fujimorista, y no por la Comisión de Justicia, presidida por el partido oficialista.
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En realidad, la corrupción en el sistema de justicia es estructural y de tal magnitud, que la mayor parte de las altas autoridades hoy en ejercicio harán lo posible para evitar cambios sustanciales, incluso los que proponga la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia, nombrada por el presidente de la República y conformada por siete personalidades de trayectoria democrática y ética intachables.
Esta enorme resistencia al cambio la podemos ver hoy mismo en Piura, donde han vuelto a salir a la luz graves indicios de corrupción de jueces y, sobre todo, de fiscales, comprometidos con la banda «Los ilegales», que pese al tiempo transcurrido no han merecido ni una investigación seria y mucho menos sanciones ejemplares.
Si la ciudadanía baja los brazos, si deja pasar esta ola de indignación y no la convierte en una oportunidad de reforma profunda del sistema de justicia a todo nivel, en pocas semanas las cosas volverán a la normalidad hasta un nuevo escándalo, en dos, tres o cinco años más.
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Habremos cambiado a los miembros del CNM, pero solo serán otros los que vuelvan a deslegitimar el valor de la justicia, que seguirá no en manos de los mejores sino de los mejores amigos, como se dice en uno de los audios de mayor recordación. Un país sin un sistema judicial eficiente es un país inviable.
Esta situación solo puede mejorar si la ciudadanía movilizada le recuerda a nuestros congresistas y a nuestra clase política las obligaciones que tienen con los ciudadanos de este país. En las calles, si es necesario.
LA INDIGNACIÓN Y EL REPUDIO DE LA POBLACIÓN POR ESTOS HECHOS DE CORRUPCIÓN EN LAS MAS ALTAS ESFERAS DE LOS PODERES DEL ESTADO, EVIDENCIA EL GRADO DE CRISIS MORAL Y ÉTICA A LA QUE SE HA LLEGADO, CON UNA DEMOCRACIA DÉBIL Y LA CARENCIA DE INSTITUCIONALIDAD, CONTRIBUYEN PARA QUE OCURRAN ESTOS HECHO, LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS PERUANOS, TENEMOS UN GRAN DESAFIÓ HISTÓRICO, DE CONVERTIR LA INDIGNACIÓN EN CONCIENCIA Y ORGANIZACIÓN LOGRANDO LA ARTICULACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DEL TEJIDO SOCIAL QUE EXISTE EN CADA CIUDAD.