Escribe: Federico Chunga Fiestas
Se pasa por alto que la crisis de corrupción del sistema de justicia —destapada por el caso de ‘Los cuellos blancos del Puerto’, en Lima, y el de ‘Los Ilegales’, en Piura— es sobre todo, una crisis de la carrera profesional del abogado.
Porque todos los jueces y fiscales, supremos, superiores y especializados implicados, son abogados, como también lo son buena parte de los imputados por lavado de dinero de fondos ilícitos para las campañas electorales de casi todos los partidos.
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En el caso Odebrecht fueron abogados —y abogadas— las que se prestaron para hacer funcionar y revestir de legalidad la red de pago y lavado de coimas, y también fueron abogados los árbitros que se coludieron con aquella empresa brasileña para emitir laudos fraudulentos que siempre la favorecían, en perjuicio del Estado, el tesoro público y, por supuesto, de nosotros, los ciudadanos.
La sociedad está tan acostumbrada a ver al abogado como un pillo, que casi ya no llama la atención su participación protagónica en los casos de corrupción más sonados de los últimos años.
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Poco hacen los propios abogados por revertir este desprestigio y menos aún los colegios de abogados de todo el país, más preocupados en ser una institución promotora de esparcimiento, que por garantizar, frente a la sociedad, que los abogados actúen correctamente en su ejercicio profesional, defendiendo la Constitución y las leyes.
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Desde hace muchos años los colegios de abogados son organizaciones de fachada, que más dedican su tiempo a hacer rifas, bailes de confraternidad y construir clubes campestres, en vez de procesar ejemplarmente las faltas que cometen sus agremiados, conocer siquiera su real situación, o preocuparse por mejorar su formación ética, que es la función que les ha asignado nuestra Constitución.
Como sostiene el filósofo Manuel Atienza, el ejercicio de la abogacía entraña un enorme riesgo moral, por lo que es deber de los colegios de abogados asegurarse de que ese riesgo sea adecuadamente gestionado y de que sean separados de la profesión aquellos que no pueden hacerlo.
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Pero en vez de eso, en el caso del allanamiento fiscal al Estudio Oré Guardia en el marco de una investigación por lavado de activos, la Junta Nacional de Decanos de Colegios de Abogados del Perú ha emitido un pronunciamiento en el que habla de la inviolabilidad del secreto profesional, del derecho de defensa y de derechos fundamentales, pero nada dice sobre el hecho de que el estudio fue allanado por indicios de que sus abogados terminaron convirtiéndose en el brazo legal de una organización criminal.
El ejercicio de la abogacía no es un espacio sagrado, ni el secreto profesional es un derecho absoluto que permite el ejercicio ilegal de la defensa. Al igual que los políticos, los abogados que delinquen deben ser juzgados con rigor, y más aún, los que usan la profesión para violentar los principios constitucionales que la sustentan.
