Escribe: Federico Chunga Fiestas
El Congreso de la República se ha convertido por segunda vez en los últimos veinte años en el centro y la causa de un grave impasse político que pone en riesgo nuestro sistema democrático entero.
Si bien esta última crisis inició con el descubrimiento de que una organización criminal, Los Cuellos Blancos del Puerto, había penetrado al Consejo Nacional de la Magistratura, al Poder Judicial y al Ministerio Público, esta hubiese podido ser contenida y resuelta si es que el Congreso activaba los mecanismos constitucionales previstos justamente para afrontarla, entre ellas, la destitución oportuna de los jueces y fiscales supremos involucrados.
Pero por el contrario, el Congreso en vez de ser la institución que solucionó la situación, se ha convertido en parte de ella y hoy es el principal responsable de las consecuencias imprevisibles que todo esto acarreará en perjuicio de la gobernabilidad del Estado.
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El blindaje que la mayoría fujimorista le está garantizando al fiscal de la Nación, para que su pertenencia a Los Cuellos Blancos del Puerto no sea investigada, no hace más que demostrar que al país le será muy difícil salir de este trance mientras este Congreso continúe en funciones, salvo que se produzca un cambio radical en la forma en la que se está comportando.
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Sin embargo, todo indica que nuestros congresistas no tienen la capacidad para corregir sus errores. En los últimos días, en una maniobra digna del montesinismo de los noventa, violando gravemente su propio Reglamento, la mayoría fujimorista hundió más su legitimidad, aprobando una ley con nombre propio para que Alberto Fujimori cumpla fuera de la cárcel su sentencia por crímenes de lesa humanidad, con una libertad, restringida a través de grilletes electrónicos, pero que es libertad al fin y al cabo.
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Es una grosera sacada de vuelta a la anulación del indulto decidida por la Corte Suprema que, para empeorar el agravio, también beneficia a criminales como Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermosa, Martin Rivas y los miembros del Grupo Colina.
Del mismo nivel de gravedad es el blindaje al congresista Becerril para evitar que sea juzgado penalmente por intentar influir en la elección del último presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, así como la negativa a levantar el fuero del congresista Donayre para que cumpla con su sentencia de cinco años de cárcel por haber robado gasolina del Ejército. Incluso, hay serios indicios de que existe la intención de iniciar un proceso de vacancia contra el presidente de la República, a partir de causales forzadas.
Nuestro sistema constitucional fue diseñado para que el Congreso tenga un papel fundamental en la solución de crisis de este tipo. Pero si por razones ajenas al bien común, el Congreso ha optado por ser parte del problema, entonces debemos exigir a los otros poderes del Estado que usen los mecanismos constitucionales para proteger el sistema democrático, disolviendo al Congreso si fuese necesario.
