Escribe: Federico Chunga Fiestas
La permanencia de Pedro Gonzalo Chávarry en el importante puesto de fiscal de la Nación es, a estas alturas, no solo insostenible, sino un símbolo de oprobio para el Ministerio Público, para el sistema de justicia y para el sistema democrático peruano en general.
Chávarry no debe continuar como fiscal de la Nación porque, a partir de información brindada por un colaborador eficaz, ha sido incluido en una denuncia constitucional presentada por el fiscal supremo Pablo Sánchez como integrante de la organización criminal “Los cuellos blancos del puerto”. Además, una serie de indicios, entre los que se cuentan interceptaciones telefónicas legales y una serie de hechos conexos, apuntan a que su actuación funcional como fiscal supremo ha quebrantando de modo inequívoco reglas éticas de cumplimiento obligatorio para un funcionario de su estatus.
En efecto, Pedro Gonzalo Chávarry dirige una institución cuya principal misión es investigar el delito y promover la acción judicial en defensa de la legalidad y los intereses públicos, y por tanto no puede permanecer en el puesto si ha quebrantado la ética y la ley, y peor aún, si se sospecha de que integra una banda criminal de grandes dimensiones.
La situación es mucho más grave si se tiene en cuenta que corresponde al propio Chávarry, en su calidad de fiscal de la Nación, evaluar la procedencia de la denuncia constitucional en la que se encuentra involucrado, junto con otros dos fiscales supremos también sindicados como integrantes de la misma organización criminal, y a cuyos votos les debe su actual cargo. La paradoja es de una gravedad solo comparable con la peor época de la dictadura fujimorista de los noventa, con Blanca Nélida Colán a la cabeza del Ministerio Público.
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Pero no es la única acusación con la que carga. Hay indicios fundados de que el ahora fiscal de la Nación llegó al puesto con los votos conseguidos por la organización criminal de la que formaría parte, que plagió casi la totalidad de su tesis de maestría, que mintió sin temor sobre el nexo que mantuvo con el juez supremo Hinostroza Pariachi y con el hoy detenido empresario Antonio Camayo, entre otros.
Por ello, según GfK, tres de cada cuatro peruanos consideran que debe renunciar o cesar, lo que no ocurre únicamente porque se aferra al cargo, lo que en sí mismo deslegitima su actuar, y porque es sostenido por la mayoría congresal y otros actores sobre los cuales pesan serias sospechas de delito.
Con cada día que Chávarry se mantiene en el puesto la crisis de nuestro Estado de Derecho se agrava y es responsabilidad del Congreso de la República, y de la junta de fiscales solucionar este impase en primer lugar. Si no, nos corresponde al pueblo organizado y pacíficamente movilizado, poner las cosas en su sitio, porque no hay reforma posible con un Ministerio Público liderado por quien debería ser investigado severamente.
