Escribe: Federico Chunga Fiestas
El Congreso de los televisores, los frigobares, las rosas importadas y los gestos autoritarios puede ser el peor del presente siglo. No es que los anteriores hayan sido buenos. Al contrario, ocurre que el nivel de desprestigio del llamado primer poder del Estado solo se ha acrecentado con los años.
Pero el Congreso es solo una de las muestras más notorias de la crisis generalizada que afronta nuestra democracia. En similar estado se encuentran el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura. Incluso instituciones que fueron ejemplo de fortaleza institucional, como la Oficina Nacional de Procesos Electorales y la Defensoría del Pueblo, enfrentan hoy serios cuestionamientos que mellan directamente su legitimidad.
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Por su parte, las municipalidades y los gobiernos regionales aportan su importante cuota de desprestigio a causa de la corrupción, de su ineficiencia, o de ambas. En el norte del país el Niño Costero ha servido para que ello se haga más evidente.
En suma, tenemos un aparato estatal que, salvo honrosas excepciones, incumple su función de modo contundente, que no ha disminuido sustancialmente la pobreza ni la desigualdad ni nuestros tradicionales problemas estructurales: discriminación, violencia contra la mujer, trabajo infantil y, entre otros tantos, ni siquiera la anemia.
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Somos un país cuyos números macroeconómicos han mejorado en las últimas dos décadas, pero que en la realidad diaria sigue pareciéndose demasiado al del siglo pasado.
A puertas de nuestros 200 años de vida republicana seguimos siendo, como decía Luis Alberto Sánchez, un país adolescente, uno que avanza y retrocede, sin rumbo fijo, jaloneado por intereses de grupo, diversos y contradictorios, la mayoría de ellos subalternos.
Seguimos siendo un proyecto frustrado, valga la pena repetirlo, a causa de que los ciudadanos le hemos entregado la política a los peores y hemos dejado de interesarnos en ella.
Por eso hoy las organizaciones políticas, las nacionales, y sobre todo las locales, son camarillas de gente cuyo norte no está en el servicio público y el bienestar general, sino en la prebenda, el aprovechamiento de los fondos públicos y del poder político.
A esas personas entregamos el manejo del Estado en municipalidades, gobiernos regionales, Poder Ejecutivo y Congreso de la República, y son ellas las que finalmente terminan manejando el resto del Estado.
Mientras sigamos eligiendo entre camarillas y no entre partidos políticos democráticos, seguiremos condenados. La única forma de romper este círculo vicioso es tomarnos en serio la democracia y hacerla funcionar, a pesar de su complejidad.
Para ello debemos desmontar primero el actual sistema y eso solo lo puede hacer la ciudadanía organizada y movilizada. Un reto arduo, ciertamente, pero ineludible.
