El Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Gobierno Regional de San Martín, contra la Ley N° 31973, que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
Esta demanda se planteó debido a que la actual norma, aprobada por el Congreso mismo, incentiva la deforestación. Además, vulnera la gobernanza de las poblaciones indígenas y genera impunidad en los procesos judiciales.
La resolución lleva la firma de los 7 magistrados del TC, y fue enviada al Congreso de la República, a quien se le otorga un plazo de 30 días útiles para que se apersone al proceso y conteste la demanda.
SÍ CUMPLE CRITERIOS
Esta demanda fue admitida luego de que los magistrados del TC corroborara que cumple con los criterios de admisibilidad y procedibilidad establecidos en la Constitución. Además, se sustenta en el Nuevo Código Procesal Constitucional y en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional. Con ello, se inicia el proceso para declarar la inconstitucionalidad de la denominada «Ley Antiforestal».
LOS ARGUMENTOS
El Gobierno Regional de San Martín presentó esta demanda argumentando que la aprobación de la Ley N° 31973 incumple disposiciones constitucionales y tratados internacionales que tienen rango constitucional.
La entidad regional sostiene que para aprobar dicha norma no se realizó la consulta previa a los pueblos indígenas. Señala que se vulnera los principios relacionados con el régimen forestal y el deber de conservar un ambiente equilibrado, establecidos en los artículos 67, 68 y 69 de la Constitución.
COMUNIDADES AMENAZADAS
Para los entes competentes, dicha norma amenaza el derecho de propiedad de las comunidades nativas. Así, pretendería dar impunidad en materia penal a las personas que han deforestado los bosques y que tienen procesos penales en curso.
Cabe señalar que la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el Gobierno Regional de Amazonas, el Gobierno Regional de Huánuco, y diversas organizaciones especializadas en materia ambiental emitieron pronunciamientos para exigir la derogatoria de dicha norma que fue aprobada por insistencia por el Congreso de la República.
