La Contraloría General de la República advirtió algunos riesgos y deficiencias en la entrega de la Ayuda Económica de 500 soles mensuales (Bono 500) destinada a los damnificados por el Niño Costero en siete regiones para el arrendamiento de una vivienda.
Según el informe de Acción Simultánea N° 303-2018-CG/VIT-AS realizada del 23 de febrero al 22 de marzo de 2018, hay al menos 23 casos de beneficiarios que no cumplen los criterios establecidos para ser considerados como beneficiarios.
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Además, hay 15 beneficiarios incluidos en el listado final de marzo del 2018 que tienen más de una propiedad, y por lo menos con una vivienda que pueden habitar.
El informe de control advierte que el MVCS no definió medidas complementarias que permitan identificar si la vivienda afectada mantenía la condición de habitable o colapsada, y si el beneficiario cuenta con otra propiedad habitable. Esto generó que se haya incluido en el listado final de beneficiarios a población que no cumple los requisitos.
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— Contraloría del Perú (@ContraloriaPeru) June 11, 2018
Por otro lado, el ministerio no viene asignando los recursos financieros al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) para realizar las visitas de inspección a las viviendas que no figuran en el catastro de daños.
En el período en el que se realizó la Acción Simultánea se identificó que 5.716 solicitudes de visitas inspección de un total de 6.290 se encontraban pendientes, habiendo superado el plazo de 15 días hábiles establecido para su realización. Dicha situación viene retrasando la oportuna atención a los potenciales beneficiarios, generando el riesgo de que no se brinde la atención inmediata.
De acuerdo con la Contraloría, el MVCS no ha establecido ni definido lineamientos de carácter específico que precisen los criterios y fuentes de información a ser utilizados para verificar si las viviendas alquiladas brindan las condiciones de habitabilidad adecuadas, situación que pone en riesgo el alcance de los objetivos y finalidad de la ayuda económica.
