Escribe: Federico Chunga Fiestas
Eyvi Ágreda, la joven de 22 años que no pudo sobrevivir al ataque de su asesino que le prendió fuego en un bus, es apenas uno de los casos más recientes que pasará a incrementar la estadística de un feminicidio cada tres días, que nos coloca como uno de los países más peligrosos para las mujeres.
Esas mismas estadísticas informan que en el Perú dos de cada tres mujeres han sufrido violencia física, psicológica o sexual; que el 80% de las violaciones sexuales ocurre contra niñas y adolescentes, principalmente entre los 14 y 17 años de edad; que el 20% de presos están acusados de violación sexual de una menor de edad, delito que en su frecuencia solo es superado por el robo agravado.
LEER MÁS | Opinión: «La discriminación nos afecta a todos»
Asimismo, que uno de cada tres agresores sexuales mantiene vínculos cercanos con sus víctimas y en los casos de feminicidio el 94% de los asesinos justificó su delito en la conducta de su víctima (celos, infidelidad, conducta inadecuada, negativa a tener relaciones sexuales, y como en el caso de Carlos Hualpa, negativa a iniciar o a continuar una relación).
El diagnóstico de esta realidad nos acompaña desde más de dos décadas y frente a ella es claro que el Estado ha hecho muy poco. Los responsables, como casi siempre en nuestro país, son los políticos, que desde el Congreso, el Ejecutivo, y otros órganos del Estado, prefieren hacerle caso a sus prejuicios que a los consejos de sus técnicos.
La solución no pasa hoy por declarar emergencias o por nombrar nuevas comisiones de alto nivel para pretender descubrir la pólvora. Lo que es imprescindible es que nuestras autoridades cumplan con sus obligaciones ya establecidas hace varios años. Por ejemplo, las que constan en el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 o el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021.
Ambos son instrumentos de política pública formulados de modo concertado entre todos los sectores estatales competentes y la sociedad civil, que cuentan con acciones estratégicas y metas concretas de corto, mediano y largo plazo, buena parte de ellas dirigidas al corazón del problema: la cultura machista que impregna desde sus primeros años la vida de niños y niñas y que a la larga termina justificando una violencia estructural que, como tal, termina siendo naturalizada y tolerada.
Ambos planes desarrollan estrategias para garantizar una educación básica que desmonte esa cultura perniciosa, pero también, en el corto y mediano plazo, para que la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial, las municipalidades y los gobiernos regionales brinden apoyo, garantías y justicia a las víctimas.
Si nuestras máximas autoridades no toman en serio este problema y de una vez por todas dejan la demagogia y en vez de eso se ponen a cumplir de verdad con sus obligaciones, la situación seguirá persistiendo y destruyendo vidas y el futuro entero de nuestra sociedad.
