El domingo 9 de diciembre estamos convocados a dos procesos electorales: la segunda vuelta regional y el referéndum. En el primer caso podremos elegir entre los dos candidatos que quedan, pero siempre es legítima la posibilidad de votar en blanco o en nulo si ninguno nos convence. En el segundo caso seremos consultados a nivel nacional por la aprobación de cuatro reformas constitucionales propuestas por el presidente de la República y aprobadas, aunque con cambios, por el Congreso.
El primer proyecto está dirigido a sustituir al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura por la Junta Nacional de Justicia, que estará encargada de nombrar por concurso público, así como ratificar, a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años.
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Esta nueva Junta será elegida por una comisión conformada por el Defensor del Pueblo, que la preside, el Presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor, y dos rectores de universidades públicas y privadas, respectivamente. Con este nuevo sistema de elección se espera que la Junta esté conformada por personas de reconocida trayectoria profesional, solvencia e idoneidad moral, lo mínimo que se pueda pedir a funcionarios con tan delicado encargo.
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El segundo proyecto regula el financiamiento de las organizaciones políticas, a fin de que este se realice a través del sistema financiero y nunca pueda ser anónimo, así como que solo pueda hacerse propagada electoral televisiva y radial a través de la franja electoral. Se busca con ello evitar la infiltración en la política de dinero ilícito o producto de actividades criminales, y que todas las organizaciones accedan a los medios de comunicación masiva de un modo equitativo.
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El tercer proyecto consultado es la prohibición absoluta de la reelección inmediata de congresistas, propuesta que hasta hace unos días era la que generaba mayor respaldo.
La cuarta es el retorno a la bicameralidad, es decir, que el Congreso cuente con una cámara de diputados y otra de senadores, tal como lo hemos tenido en la mayor parte de nuestra historia republicana, y que, en teoría, garantizaría un Parlamento de mejor calidad.
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Este es el proyecto más controvertido, puesto que la mayoría fujimorista terminó aprobando un texto que disminuye las prerrogativas del presidente de la República en su relación con el Parlamento, e incrementa el número de parlamentarios de 130 a 180, dejando abierta la posibilidad de que los actuales congresistas sí puedan ser elegidos en 2021 en los cargos de diputados o senadores, pues según una interpretación absurda, estos cargos no existen hoy y no se les puede entender como reelegibles. Es la propuesta que genera, y con razón, la mayor adversidad ciudadana.
Independientemente de la decisión que tome, es importante, estimado votante, que decida su voto con la mayor cantidad de información y reflexión posibles. El futuro del país y de la lucha contra la corrupción depende de ello.
