Como en muy contadas veces en nuestra historia, el Perú atraviesa una crisis que si sabe manejarse, podría resultar en cambios sustanciales que beneficien a todos. Para que sea así no debemos olvidar que esta crisis ha sido causada por la clase política, que ha sido incapaz de ver al país como un objetivo común y que la mayor parte de las veces lo ha visto, más bien, como un botín.
Haríamos bien en desconfiar de esos políticos hoy, sobre todo cuando pretenden erigirse como guías morales que nos señalan el camino para salir de una crisis que ellos mismos causaron, porque lo más probable es que sigan intentando proteger sus intereses, sin importarles el destino del país y de nosotros, sus ciudadanos.
Por ejemplo, en el caso Odebrecht tenga mucho cuidado con esos políticos que exigen que la fiscalía no firme un acuerdo de colaboración eficaz con esa empresa y que esgrimen como argumento ético que no puede darse ningún beneficio a quien nos ha robado, o que quieren convencerlo de que lo más importante es que se devuelva hasta el último centavo del beneficio indebido obtenido y no solo los 650 millones previstos como reparación. Suena bien, y en el fondo es cierto, pero solo en parte. Es verdad que una empresa que ha robado a todos los peruanos no debería poder hacer ningún tipo de negocio en el país nunca más.
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Pero no pierda de vista que en ese gran robo la empresa solo tiene una parte de responsabilidad. Los principales responsables siempre fueron los políticos, muchos de ellos elegidos por el voto popular que creyó en su discurso anticorrupción. Allí están desde presidentes, ministros, hasta funcionarios de todo nivel, sin cuya participación hubiera sido imposible alimentar el círculo de corrupción en el que Odebrecht hizo negocios por décadas. Son ellos los que buscan a todo lugar que el acuerdo de la fiscalía se quiebre, porque si eso pasa la verdad de su participación en una gran lista de delitos quedará oculta, ellos seguirán impunes y, peor, seguirán robando en nombre de los ciudadanos.
Si presta atención observará además que quienes enarbolan banderas de una rigidez ética insobornable contra el acuerdo de la fiscalía son justamente aquellos a quienes la fiscalía investiga. En verdad, son ellos los que nos han puesto en la situación de tener que permitirle a una empresa corrupta seguir operando, porque es la única forma de que ella colabore brindando pruebas que nos permitan limpiar a la política de la basura de la corrupción. Sin esa limpieza no hay futuro posible, pues por más dinero que recuperemos, este nos seguirá siendo timado por esos políticos.
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Pero la corrupción no es el único espacio en que la política de la mentira quiere engatusarnos. Ocurre también con la seguridad ciudadana, con esos funcionarios que quieren hacernos creer que la única forma de combatir la delincuencia es matando a los delincuentes de un modo indiscriminado. Aquella ignominiosa frase de que “el mejor delincuente es el delincuente muerto”, cuando es afirmada con hechos por una autoridad, en realidad lo que pretende es esconder la incapacidad de esa autoridad para cumplir con sus funciones.
Como se ha demostrado en todos los países con mejores niveles de seguridad, lo que funciona es la profesionalización de los cuerpos policiales, la correcta articulación entre vecinos, policías, fiscalía, jueces y municipios, las medidas de prevención en varios niveles, entre otras acciones. Cuando un político, un alcalde por ejemplo, quiere vendernos la idea de que hay que defender sin pensarlo y sin importar las circunstancias, a un policía que ha matado a un delincuente, tome sus precauciones, posiblemente ese político lo único que esté haciendo es utilizar a la policía porque no tiene la menor idea de cómo resolver el problema de la delincuencia.
Es indispensable que erradiquemos a los políticos de la mentira. Si no lo hacemos esta crisis que atravesamos podría no servirnos de nada.
