Escribe: Federico Chunga Fiestas
El último martes 4 de septiembre, con la publicación del Decreto Legislativo N° 1384, en el diario oficial El Peruano, el Poder Ejecutivo ha dado uno de los pasos más importantes del presente siglo en materia de defensa de los derechos humanos.
Mediante dicho decreto ha modificado diversos artículos del Código Civil, el Código Procesal Civil y la Ley del Notariado, con el fin de asegurar que todas las personas con discapacidad sean tratadas como ciudadanos capaces de valerse por sí mismos, sin necesidad de que sus derechos civiles sean ejercidos a través de otras personas, como sus tutores o curadores.
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Así, las personas con discapacidad ya no deberán ser interdictadas judicialmente para que otra persona tome por ellas las decisiones más importantes de su vida.
De ese modo, por fin el Perú implementa estándares internacionales de larga data en el mundo, dirigidos a que, por ejemplo, personas con síndrome de down, parálisis cerebral, autismo, sordo-ceguera, entre muchas otras, sean tratadas como personas plenas y con iguales derechos que los demás. No se trata, pues, solo de un cambio normativo sino de un profundo cambio cultural, promovido desde la ley.
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Lo que hace esta nueva normativa es darnos a todos el mensaje de que nunca más, en ningún espacio, las personas con discapacidad deben ser tratadas como ciudadanas de segunda categoría, o como personas inválidas, como se les llamaba antes, de modo completamente errado. Es decir, que tanto el Estado como la sociedad se encuentran obligados a adecuar sus normas y su funcionamiento a garantizar que las personas con discapacidad sean tratadas con respeto y consideración.
También, es una fuerte llamado de atención para dejar de tratar la problemática de las personas con discapacidad como un asunto de caridad, lo que nos da pie para hablar de la Teletón que se realizará el 14 y 15 de septiembre próximos, con la que se busca recolectar dinero para que la Clínica San Juan de Dios sigue brindando rehabilitación física a un gran sector de personas con discapacidad en situación de pobreza o extrema pobreza, en todo el país.
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La labor de la Fundación Teletón es ejemplar, pero no debe hacernos perder de vista que existe para cubrir la inacción del Estado. Debe llamarnos a la reflexión que un gran sector de las personas con discapacidad necesite realizar una colecta basada en la solidaridad y caridad de los peruanos, porque en el Estado no se tiene la voluntad política para destinar fondos públicos para realizar esta labor.
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Más aun, el presupuesto que el Estado debiera destinar a este fin es ínfimo en comparación con el tamaño del presupuesto público, lo que nos da a entender que nuestras autoridades no son conscientes de que en este caso la rehabilitación es un derecho humano que están obligados a garantizar, y que no se trata de ningún modo de un acto de caridad.
No decimos que la Teletón deje de existir. Al contrario, desde aquí los invoco a que todos colaboremos con ella. Pero exijamos también que el Estado, a través de nuestros impuestos, se haga cargo de la responsabilidad principal que tiene de destinar presupuesto para que las personas con discapacidad vean garantizados sus derechos.
