Tras los informes de Cutivalú sobre el posible colapso de los botaderos de materiales excedentes de la construcción de la carretera Canchaque – Huancabamba, así como el daño ambiental por el presunto arrojo de piedras y rocas a la microcuenca Pusmalca de parte de la empresa que construye la vía, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA, advirtió que sobre el responsable de todo el daño ambiental a la microcuenca Pusmalca puede recaer entre 3 a 6 años de cárcel.
Por ello, el coordinador en Perú del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático – MOCCIC, Henry Córdova Bran, recomienda entablar una denuncia por el delito ambiental generado. Asimismo, exhorta a las autoridades regionales y locales, dirigentes y ciudadanía a pedir la intervención del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA del Ministerio del Ambiente, pues sostiene que este es un problema multisectorial.
“Este trabajo debe ser articulado porque involucra a muchos sectores, pues ante las próximas lluvias, las rocas y piedras pueden generar derrumbes que afectarían las tierras y viviendas de Canchaque y zonas aledañas. Pero también es un problema de mal tratamiento de la microcuenca Pusmalca”, opinó.
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La población del distrito de Canchaque se pregunta si el Consorcio Vial Piura, empresa que ejecuta la obra, ha tomado en cuenta el entorno geográfico y ambiental de la zona.
Frente a ello, el coordinador de MOCCIC, Henry Córdova Bran, advierte la necesidad de que toda obra pública cuente con un componente de enfoque del cambio climático que vaya mucho más allá que un Estudio de Impacto Ambiental – EIA, tal como se le viene exigiendo a los estados y empresas desde el Acuerdo de París frente a la crisis ambiental que vive el mundo.
Henry Córdova explica que este enfoque implica la protección del entorno ambiental donde se ejecuta este proyecto, sobre todo, si los trabajos se realizan en una microcuenca como la del Pusmalca, que incluye una naciente de agua en una zona altoandina. Además, el enfoque de cambio climático establece que las autoridades destinen el presupuesto necesario para fiscalizar las acciones de protección por parte de la empresa ejecutora, como el Consorcio Vial Piura, en este caso.
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Al conocer de este caso a través de Cutivalú, Tras los informes de Cutivalú, los congresistas de Piura, Miguel Ciccia Vásquez, Heidy Juárez Calle y Wilmar Elera García, se comprometieron a pedir que los botaderos sean declarados en emergencia ante su posible colapso. Asimismo, sobre el daño ambiental, los parlamentarios indicaron que pedirán información al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
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