El avance de la investigación en el caso de las cartas fianzas falsas con las que el consorcio MNDC cobró un adelanto de obra de cerca de 4 millones de soles por la obra del centro de salud de Máncora, a cargo del Gobierno Regional de Piura, permitió a la Fiscalía identificar nuevas responsabilidades y solicitar 18 meses de prisión preventiva para el exgerente del Gore Piura, Jesús Torres Saravia, su exasistente Lisset Juliana Ballivían Castro y el presunto intermediario Edgar Baca Palacios.
Cutivalú tuvo acceso a la solicitud del titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Javier Eduardo López Romaní, que será evaluada este viernes por la jueza Judith Cueva Calle del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura.
Graves indicios
De acuerdo a los fundamentos del pedido de prisión preventiva, enviados al juzgado mediante el expediente 04759-2021-1-2001-JR-PE-06, la Fiscalía Anticorrupción ha detectado al menos 13 indicios que fundamentan la solicitud de la medida coercitiva para los involucrados en el escándalo de corrupción de la gestión de Servando García Correa.
Los primeros están relacionados a un presunto “pacto colusorio” entre los funcionarios del Gore Piura y los representantes del Consorcio Constructor MNDC para favorecerlo en el proceso de selección de la obra “Mejoramiento de los servicios del Centro de Salud de Máncora”, para lo cual Edgar Baca Palacios, ahora prófugo, habría actuado como intermediario. En tanto, Lisset Juliana Ballivían Castro, asistente de la Gerencia General, se encargaba de “monitorear” el avance de los trámites, desde la firma del contrato hasta el desembolso del irregular adelanto.
Pactaron una “coima” de cerca de S/ 4 millones
Del testimonio de los colaboradores eficaces y de los propios implicados en el caso, se conoció que -a través del intermediario- los postores acordaron el pago de una “coima” a cambio de ganar la buena pro del proyecto, pese a que cometieron una serie de omisiones en la presentación de la documentación al proceso de selección de la obra. Luego se comprobó incluso que “subsanaron” estas observaciones a destiempo y con la venia de los funcionarios presentando certificados laborales falsos para justificar la experiencia de su personal especializado.
“(Los postores de MNDC) habían acordado que el Consorcio pagaría el 6% del Costo Directo de la Obra (S/ 1’ 800,000) así como S/. 2’000,000 que se obtendrían de un adicional, monto que tenía que pagarse con el dinero que obtuviese por concepto de Adelanto Directo y Adelanto de Materiales, y, posteriormente del adicional, el cual sería entregado a funcionarios del Gobierno Regional de Piura, con la finalidad de que se le adjudicara la buena pro y se les ayudará en todo durante la ejecución del contrato de obra”, se lee en el expediente.
También existe un testimonio de un colaborador eficaz que señala el pago de un adelanto de 50 mil soles de lo pactado, mientras se subsanaba un error en el monto de la primera carta fianza emitida por el contratista.
“El 15 de marzo del 2021, Edgar Baca Palacios habría citado a Godofredo Cardoza Novoa (empresario) en la ciudad de Colán – Paita, y se habrían encontrado en el GREEN GO MARKET, en donde le habría solicitado la suma de S/ 50,000.00 ya que la gente necesitaba efectivo y la demora en el pago se había debido a un error de él, por lo que quedaron en reunirse al día siguiente en el Restaurant Río Grande con la finalidad de entregar dicha suma de dinero”.
Equipo de “monitoreo”
Respecto al exgerente general Jesús Torres Saravia, la Fiscalía identificó que este había creado un grupo de profesionales denominado “Equipo de Seguimiento y Monitoreo de los Proyectos de Inversión del pliego Regional”, en el cual trabajaba su asistente Lisset Juliana Ballivían Castro.
“Este equipo se dedicaba al monitoreo de las obras de mayor envergadura, su labor era como de tramitadores y conciliadores entre la entidad y los proveedores” acciones de las cuales no se dejaba constancia, favoreciendo a los contratistas”, apunta la tesis fiscal.
En ese contexto, se presume que a través de su asistente, el hombre de confianza de Servando García “exigió a la Oficina de la Dirección de Obras del GORE –Piura para que Carlos Távara Elías (director de Obras) “tramitara” de manera rápida el pago por concepto del Adelanto Directo por el monto de S/. 3’956,848.56 y posteriormente por concepto de Adelanto de Materiales a favor del CONSORCIO CONSTRUCTOR MNDC, beneficiándolo ilegalmente”.
Viajó 5 horas para atenderse por “emergencia médica”
Como se recuerda, Jesús Torres Saravia, se encuentra con custodia policial en una clínica de Trujillo, hasta donde viajó un día antes del operativo en el que se le iba a intervenir. En su declaración a la fiscalía adujo que tuvo que viajar 5 horas para atenderse por una emergencia médica luego de sufrir una fractura de tabique y rodilla producto de un golpe en las escaleras.
Sin embargo, al ser consultado sobre por qué no acudió a un establecimiento de Piura, el procesado señaló que decidió viajar porque “no he encontrado neumólogo en Piura al cual necesitaba ir por problemas que me dejó el COVID, por lo que ante esta situación mis padres me solicitaron y hasta exigieron que vaya a Trujillo donde existen más hospitales y clínicas».
Para el fiscal este argumento es ilógico y denotaría una obstrucción a la justicia y peligro de fuga, dado que, además, se conoció que el día de la intervención a su domicilio el encargado de limpieza declaró que le habían dejado las llaves “para que las entregue cuando llegue la Policía y Fiscalía”.
Otra muestra de conducta obstruccionista sería el “marcaje” y “desprestigio” a los representantes del Ministerio Público, señala el documento con el que se solicita los 18 meses de prisión para el ex funcionario regional, su ex asistente y el presunto intermediario Edgar Baca Palacios. Este último está prófugo y tiene antecedentes por estafa y asociación ilícita.
Dato: El pedido de prisión preventiva contra el exgerente general del Gobierno regional de Piura, Jesus Torres Saravia, será evaluado este viernes 25 de junio en la Corte de Justicia de Piura. También se evaluará el mismo requerimiento contra su exasistente del Gobierno Regional y presunto intermediario.
