Escribe: Carlos Chunga
Cuando Humberto Marchena Villegas llegó al poder por primera vez, tenía 35 años. Ya lo había intentado tres años antes, en 1986, al cargo de regidor, pero los votos le fueron insuficientes. No satisfecho, el conocido ‘Cumpa’ tentó la alcaldía de su distrito de nacimiento: Lagunas, en la provincia piurana de Ayabaca.
Allí gobernó cinco periodos consecutivos (1990–2006), en total 17 años, postulando por Fredemo, Acción Popular, Lista Independiente N° 9, Vamos Vecino y Justicia y Lealtad.
LEER MÁS | Procuradora anticorrupción defenderá al Estado en proceso contra Marchena
No satisfecho, en su último año de gestión dio el salto a la municipalidad provincial para gobernar 12 años más; es decir, tres periodos consecutivos más, postulando por Alternativa Campesina, Unidad Popular y Alternativa de Paz y Desarrollo.
Hoy Marchena tiene 65 años de edad y 29 como alcalde, casi la mitad de su vida. No satisfecho aún, quiere volver a postular –esta vez por el movimiento Fuerza Regional– para volver a su tierra natal, Lagunas, mientras su hijo Baldomero, quiere llegar al sillón que él ocupa.
ODECMA investiga al personal judicial de Sullana por el caso Marchena
Sin embargo, pese a que en Lagunas tenía una aprobación superior al 50 %, en la provincia cada vez gana menos adeptos. En el 2014, luego de conocerse los resultados electorales, un grupo de ayabaquinos salió a las calles a protestar, y los enfrentamientos violentos con la Policía generaron desmanes.
Las acusaciones por corrupción no le son ajenas; de hecho, su gestión tiene más cuestionamientos que logros. Una treintena de denuncias por su desempeño en la municipalidad enfrenta el alcalde Humberto Marchena desde el 2008.
LEER MÁS | Corte de Sullana busca acelerar proceso contra el alcalde de Ayabaca
La más conocida es sobre el presunto favorecimiento ilegal a su concuñada en la contratación de servicios y data del 2013. La Fiscalía Anticorrupción de Sullana investigó el caso y le imputa los delitos de peculado, colusión y aprovechamiento indebido del cargo, pidiendo para él 12 años de cárcel.
Con él ocho funcionarios de la Municipalidad de Ayabaca podrían ir tras las rejas, así como también su concuñada Maximina Granadino Cunya, una docente inhabilitada definitivamente para contratar con el Estado por presentar documentación falsa.
La audiencia de control de acusación –postergada varias veces por motivos que resultan incomprensibles para los ayabaquinos– continúa pendiente en el Juzgado Anticorrupción de Sullana pero con una pasividad que desespera a los habitantes de la provincia.
La decisión de avanzar el proceso está en manos del juez Carlos Muñoz Alfaro, quien, por cierto, fue juez de Paz Letrado con Funciones de Investigación Preparatoria de Ayabaca hasta febrero del 2018.
