La audiencia de inicio de control de acusación del alcalde de Ayabaca, Humberto Marchena Villegas, está prevista para este jueves 22 de marzo. Es la quinta vez que se cita a él y otras nueve personas por un caso de presunto favorecimiento ilegal a un familiar del alcalde.
Sin embargo, el abogado de este, Alberto Borea Odría, busca dilatar aun más el proceso. El último jueves 15 de marzo, Borea solicitó al Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana reprogramar la audiencia. El argumento que esgrime es que debe acudir ese día al Congreso para defender a Pedro Pablo Kuczynski del proceso de vacancia.
Similar situación ocurrió el pasado 21 de diciembre del 2017, cuando el abogado Borea dejó de asistir a Sullana porque estaba en Lima defendiendo a Kuczynski del primer pedido de vacancia. Entonces la audiencia, que debió llevarse a cabo desde mediados del año pasado, se reprogramó por cuarta vez.
La Fiscalía de Sullana pide 12 años de cárcel para Humberto Marchena Villegas por los delitos de negociación incompatible y colusión. Según la investigación, la Municipalidad de Ayabaca contrató a la profesora Maximina Granadino Cunya, concuñada del alcalde, para servicios de compra de materiales.
Todo apunta a que los contratos habrían sido orquestados con la proveedora, es decir, con Maximina Granadino, quien fue favorecida 13 veces por el municipio provincial entre 2011 y 2013, e inhabilitada definitivamente para contratar con el Estado, debido a que presentó documentos falsos e inexactos.
LEER MÁS: Videos inclinan la balanza de los votos de la vacancia contra PPK
Los funcionarios acusados, para quienes también se pide 12 años de cárcel, son Leonidas Valverde Samaniego, Ricardo Llacsahuanga Castillo, Olinder Garcés Montalván, Teresa Rivera Calle, Marino Tafur Castillo, José Mendoza Siancas y Bianca Nonajulca Ávila.
Para el funcionario Martín García López se pide nueve años de cárcel porque, a diferencia del resto, no participó en todos los procesos. Además, para Maximina Granadino se ha pedido 24 años de prisión.
Si Alberto Borea Odría no asiste este jueves a la audiencia de Marchena, podría designar a otro abogado de su estudio jurídico. Caso contrario, el rol lo asumiría un abogado público. La decisión de seguir dilatando el caso queda en manos del juez Carlos Muñoz Alfaro.
