Escribe: Federico Chunga Fiestas
El 7 de octubre elegiremos en todo el país a casi trece mil autoridades regionales, provinciales y distritales de entre 115 mil candidatos. En Piura nos toca elegir nuevos gobernador y vicegobernador, ocho consejeros, ocho alcaldes provinciales y 65 distritales, con sus respectivos regidores, es decir, a cerca de 500 funcionarios que recibirán un sueldo o dieta de nuestros impuestos.
En democracia una elección como esta es una gran oportunidad para colocar en esos puestos a gente que lo merezca y que garantice una gestión eficiente y honesta. Poner a las personas más calificadas es imprescindible si queremos servicios de calidad en salud, educación, agua, transporte público, seguridad ciudadana, limpieza pública.
También, y esto es urgente, para que se garantice la reconstrucción de lo destruido durante el Niño Costero, se atienda a los damnificados que hoy todavía siguen sin techo, o se prevenga mejor nuevos desastres naturales.
#Piura: solo 6 movimientos regionales logran inscribirse para las #Elecciones2018. ► https://t.co/aShbMDwFED pic.twitter.com/BN7SNZxk7P
— Cutivalú- Piura (@RadioCutivalu) January 25, 2018
Sin embargo, sé que usted tiene muchas razones para pensar que no vale la pena que se esfuerce por elegir bien, pues en su experiencia quienes llegan al poder lo hacen en su gran mayoría para aprovecharse de él.
Y no le falta razón. Según cifras de la Contraloría, la corrupción en el país genera pérdidas superiores a los 12,500 millones de soles al año, con lo cual se deja de construir 72 hospitales, 360 colegios, de generar 200,000 puestos de trabajo o de contratar a 72,000 médicos. En vez de eso, este dinero pasa a los bolsillos de funcionarios y empresarios corruptos. Multiplique esos 12,500 millones por los últimos veinte años y tendrá una idea de todo lo que ha perdido una generación entera de peruanos.
Esa pérdida afecta directamente sus derechos. Cuando lo asalten en una calle oscura, cuando un patrullero no pueda llegar a su casa porque carece de gasolina, cuando un niño pobre muera por falta de médicos o medicamentos en una posta, no olvide que todo eso habría podido evitarse si ese dinero no se lo hubiese llevado la corrupción.
Evitar que eso siga ocurriendo es una buena razón para que se preocupe por elegir mejor esta vez. Lamentablemente, en este objetivo el sistema electoral no lo ayuda. En la nueva ley las organizaciones políticas ya no están obligadas a informar sobre sus ingresos y gastos de campaña a la ONPE, pues recién deberán hacerlo en junio de 2019, cuando las nuevas autoridades lleven medio año en el cargo.
Tampoco contempla sanciones políticas para las organizaciones que reciban dinero ilícito, con lo que nada impediría que un candidato probadamente financiado por el narcotráfico siga competiendo e incluso gane.
Aun así, los ciudadanos podemos dar batalla, por ejemplo, exigiendo que nuestros candidatos hagan públicos sus gastos de campaña y sus fuentes de financiamiento; que sepan que si no lo hacen no votaremos por ellos.
Desconfiemos de los candidatos que hacen grandes campañas y declaran gastar poco, porque, como usted muy bien sabe, todos esos gastos los paga alguien —una empresa como Odebrecht, por ejemplo— y ese alguien casi siempre lo hace a cambio de un beneficio posterior, sobre todo si su identidad se guarda en secreto.
