Tras 10 años de proceso judicial, la concentración del mercado de la prensa ha recibido un duro golpe en Perú. Un juez de un tribunal de Lima dictaminó el 19 de julio que la compra del Grupo Epensa por parte del Grupo El Comercio en 2013 creó un monopolio que amenaza el derecho constitucional a la libertad de expresión y opinión, y ordenó anular la operación.
El Comercio es el mayor conglomerado de medios impresos del país, y en aquel momento Grupo Epensa era el segundo más grande.
En esencia, la sentencia afirma que “la propiedad en los mercados de medios está condicionada a los fines de la libertad de expresión: mayor pluralidad de agentes y menor concentración del poder de mercado. Para ser compatibles con el derecho a la libre circulación de noticias y pensamientos los medios de comunicación y sus empresas propietarias deben condicionarse a las exigencias de dicha libertad y, por tanto, los dueños de los medios no podrán ejercer de manera ilimitada sus atributos de propietarios, como si estuviesen en otro sector económico cualquiera”.
Aunque el Grupo El Comercio ya ha presentado un recurso de apelación y el caso aún debe ser juzgado por tribunales superiores, la sentencia es considerada histórica por los abogados peruanos que trabajan con asuntos de derechos humanos y libertad de expresión.
La decisión -que se basa en un fallo anterior sobre el caso llevado por el mismo juez, Juan Macedo, en 2021, que luego fue anulado por razones procesales- se basa en una extensa revisión del derecho constitucional peruano, de las normas internacionales sobre libertad de expresión y de la literatura académica sobre concentración de medios y pluralidad de la prensa.
No todo, sin embargo, es motivo de celebración para quienes llevaron el caso -ocho ciudadanos, entre periodistas, editores y empresarios de medios de comunicación. Tres de ellos están vinculados al diario La República, que desde la compra se ha convertido en el segundo más importante del país.
El medio Hildebrandt en sus trece informó que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de Perú destituyó al juez Macedo, alegando que el proceso había durado demasiado. La notificación formal de la decisión, tomada el 11 de abril, tuvo lugar el 21 de julio, dos días después del fallo contra El Comercio.
Esta medida radical contra un magistrado que formaba parte de la judicatura peruana desde 2002, conocido por sus decisiones difíciles, ha hecho sospechar a quienes siguen el caso que se trataba de una represalia.
Como condenó a El Comercio, pero también tardó en dictar sentencia, el juez Macedo terminó en problemas tanto con El Comercio como con los demandantes de La República, dijo Eloy Marchán, el periodista de Hildebrandt en sus trece que fue el único periodista peruano que informó sobre el despido.
“No encuentro otra explicación. Es una represalia”, dijo Marchán a LatAm Journalism Review (LJR). “Lo que no tengo claro es si la decisión de la Junta Nacional de Justicia busca quedar bien con El Comercio o con La República, o quizá, estratégicamente, con ambos”.
