Según documentos obtenidos por Hildebrandt en sus trece, el Ejecutivo reconoció que «graves hechos ocurrieron durante las marchas»; sin embargo, precisó que «tales resultados lamentables no han sido generados por decisiones políticas autoritarias».
El semanario Hildebrandt en sus trece tuvo acceso a las respuestas emitidas por el Ejecutivo respecto al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En uno de los puntos, el Gobierno precisa que «las FF. AA. del Perú han tomado medidas administrativas coherentes con la gravedad de los hechos ocurridos».
Reestructuración de las FF.AA. y de la PNP
Según los documentos, el Ejecutivo no solo reconoció la existencia de «graves hechos» durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte, sino que anunció que se avecina una «reestructuración de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, lo que se concretará en los próximos meses». Esto, tras haber mencionado que «tales resultados lamentables no han sido generados por decisiones políticas autoritarias».
El Gobierno señaló que, «en diciembre del 2022 y marzo del 2023, se aprobaron las reasignaciones de miembros de la PNP y las Fuerzas Armadas en Ayacucho, Puno, Madre de Dios y Apurímac, disponiéndose su traslado a otras dependencias». En ese sentido, se reiteró, como muchas otras veces lo ha hecho ante cámaras Boluarte, que «de ninguna forma se promovieron directa o indirectamente actitudes o prácticas de represión fuera del marco legal».
No obstante, a la fecha, estos hechos no han sido transparentados, y no se precisa qué otras medidas se han realizado respecto a quienes serían responsables políticos de estas muertes consideradas como «masacres» por la CIDH.
