Un colaborador eficaz ha revelado ante el Ministerio Público un presunto acuerdo entre la congresista Magaly Ruíz, perteneciente a Alianza para el Progreso, y el fiscal provincial de lavado de activos, Richard Rojas. Según el testimonio obtenido por la Unidad de Investigación de Latina este domingo, el pacto tendría como objetivo archivar el caso penal relacionado con el controvertido recorte salarial de los trabajadores, conocido como ‘Mochasueldo’.
El colaborador, identificado bajo la clave CE 01-69-2023, relató que el fiscal Rojas y su hermano, Alex Rojas, se reunieron con la congresista y uno de sus colaboradores el 10 de marzo de 2023, en la residencia de Ruíz. Durante esta reunión, el fiscal habría solicitado la contratación de sus dos hermanos y un pago en dólares como contraprestación por su intervención en el caso.
«Para poder ayudarlos tengo que hacer unos requerimientos, el primero es que mi hermano Alex sea contratado en su despacho como asesor principal, y mi otro hermano, que tengo en Trujillo, sea contratado como auxiliar, coordinador o asistente», habría declarado el fiscal, según el testimonio.
A pesar de la reticencia de Ruíz a contratar a dos miembros de la misma familia en su despacho, se plantearon alternativas durante la negociación. Sin embargo, la situación se volvió tensa cuando el hermano del fiscal insistió en asumir un papel principal en la asesoría del despacho, lo que llevó a una intervención directa del magistrado.
Investigación contra Magaly Ruiz
Estas revelaciones han provocado una rápida respuesta de las autoridades judiciales, con una nueva investigación penal abierta por la Fiscalía el 11 de abril. Los cargos presentados incluyen tráfico de influencias, patrocinio ilegal y negociación incompatible. La Procuraduría General del Estado también ha solicitado al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, que inicie diligencias preliminares.
Este escándalo surge después de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso archivara una denuncia contra Ruíz en febrero de este año, relacionada con el recorte de salarios a su personal. En esa sesión, la legisladora del Bloque Magisterial, Elizabeth Medina, argumentó que no se había demostrado que Ruíz hubiera incitado o forzado a sus empleados.
Marina acusó a la parlamentaria de obligarlo a contribuir mensualmente con S/ 1.500. Según él, este monto funcionaba como una especie de ‘caja chica’ para la congresista. Otro exempleado reveló la existencia de peticiones para realizar depósitos destinados a supuestos eventos benéficos.
