El procurador interino Javier Pacheco ha tomado medidas impactantes al desactivar unidades cruciales y solicitar renuncias en la Procuraduría General del Estado (PGE), generando inquietud sobre el futuro de investigaciones por corrupción.
Pacheco, abogado con investigaciones en curso, fue designado por la presidenta Dina Boluarte tras la suspensión temporal de Daniel Soria, a pesar de tener unos días en el cargo ha remodelado la PGE en un corto periodo.
La desactivación de la Unidad de Defensa Jurídica del Estado, encargada de casos contra altos funcionarios, y la Unidad Funcional de Articulación Territorial ha generado inquietud, especialmente por los 87 casos bajo su manejo que involucraban a 105 altos funcionarios. Además, incluyen a congresistas, ministros y presidentes.
La solicitud de ocho renuncias, junto con la posibilidad de que Pacheco asuma la presidencia del Consejo Directivo de la PGE, ha provocado controversia.
Este escenario se ve empañado por la investigación en curso y la falta de renuncia de Pacheco a su cargo de procurador anticorrupción, planteando interrogantes sobre la ética en la toma de decisiones.
La aparente falta de supervisión de la Contraloría de la República ante estos cambios rápidos agrava la situación, sembrando incertidumbre sobre el futuro de las investigaciones en curso, especialmente aquellas que involucran a destacadas figuras políticas como la presidenta Boluarte y el premier Otárola.
Al desactivar dicha unidad, todos los casos y documentación han pasado a manos de Javier Pacheco, quien al ya no tener un equipo de abogados para el correcto seguimiento de los casos, no se estaría asistiendo a las diligencias.
Una situación que ha generado preocupación sobre el futuro de las indagaciones en casos que involucran a figuras políticas de alto nivel, entre ellos la presidenta de la República, Dina Boluarte, y el premier Alberto Otárola. Así como casos de los congresistas «mochasueldos», Los Niños y demás.
Movidas de Javier Pacheco
Recientes movimientos dentro de la Procuraduría General del Estado (PGE), liderados por Javier Pacheco, han levantado preocupaciones sobre el futuro de la Procuraduría Ad Hoc encargada del caso Lava Jato.
Existen temores de un posible riesgo para la institución, aunque desmantelarla requeriría decisiones aprobadas por el Consejo Directivo de la PGE.
El Consejo Directivo, órgano de máxima jerarquía en la PGE, actualmente está conformado por Luis Miguel Iglesias León, representante de la Contraloría, y David Charles Napurí, representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La reciente renuncia de Ramón Alcalde Poma dejó una vacante que Pacheco busca llenar con Napurí, apuntándolo al crucial puesto de director de Información y Registro, clave para nombramientos de procuradores.
Se menciona que Alcalde, antes de su renuncia, se oponía a las decisiones de Daniel Soria, quien ahora está separado de la institución. Estos eventos revelan una compleja dinámica interna en la PGE, centrada en figuras clave y sus posturas frente a casos sensibles como el de Odebrecht.
