El fiscal José Domingo Pérez ingresó ayer una apelación para insistir en la suspensión por dos años y medio contra Fuerza Popular.
Con la apelación, Pérez busca que se revoque la decisión que en primera instancia tomó el pasado 22 de diciembre el juez Víctor Zúñiga Urday. Entonces, el magistrado del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria rechazó el pedido para suspender a la organización política y, en cambio, ordenó solamente la vigilancia judicial.
Esta nueva medida comprendió que durante dos años el partido que lidera Keiko Fujimori presente informes y escritos en los que se consignen su situación actual de deudas a los medios de comunicación, el modo de pago a usar para esas y otras cuentas pendientes, especificar las fuentes de los recursos en la actual campaña presidencial, el registro de gastos realizados, el tipo de financiamiento, entre otros. Toda esta información, asimismo, tenía como plazo para ser enviada al juzgado los días 1 y 15 de cada mes.
El fiscal de lavado de activos, cabe precisar, no quedó conforme con esta decisión puesto que en audiencia había sustentado su postura sobre los presuntos aportes ilícitos de Odebrecht al partido, el supuesto “pitufeo”, los falsos aportantes y otros elementos.
Una vez que el juez Víctor Zúñiga reciba la apelación, deberá admitirla y elevarla a la Segunda Sala de Apelaciones contra el Crimen Organizado. Este tribunal será el encargado de confirmar o rectificar la decisión que se tomó en diciembre último, luego de fijar una fecha de audiencia.
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