La Contraloría General realizó 327 servicios de control, entre enero a abril de este año, para cautelar los recursos públicos en la región Piura, sobre todo los destinados a la atención de la emergencia por las fuertes precipitaciones; sin embargo, las entidades públicas no adoptaron acciones para corregir el 60% de alertas emitidas por el máximo ente del Sistema Nacional de Control.
La gerente regional de Control de Piura, Mariela Huerta Vereau, indicó que de los servicios de control realizados, 253 corresponden al control simultáneo y 74 al control posterior.
La funcionaria explicó que se desplegaron equipos de auditores en todo el departamento para acompañar en los procesos de atención a damnificados y afectados por las intensas lluvias, a consecuencia del ciclón Yaku, en el marco de la declaratoria de emergencia.
Como resultado de los servicios de control simultáneo, se identificaron 401 situaciones adversas o riesgos que fueron alertados a los gestores públicos para que adopten las medidas correctivas que correspondan.
Sin embargo, 51 (13%) situaciones adversas no han sido corregidas por parte de las entidades públicas y en 242 (60%) no se adoptaron acciones para corregirlas. Solo 108 (27%) situaciones adversas fueron resueltas o están en proceso de hacerlo.
Entre los principales informes emitidos destacan el Control Concurrente N° 314-2023-CG/GRPI-SCC al Gobierno Regional de Piura para advertir de interferencias en el cauce del río Piura y deficiencias técnicas en la ejecución del saldo de obra “Mejoramiento y ampliación del servicio de protección contra inundaciones de la ciudad de Piura y Castilla entre el puente Cáceres y el futuro puente Integración”.
Asimismo, se han detectado situaciones adversas en las obras de mejoramiento del servicio de movilidad urbana en las calles de la urbanización Miraflores I, II y III etapa.
Además, en la elaboración del expediente técnico del proyecto “Ampliación y mejoramiento del servicio de agua para riego en la zona de influencia del canal Miguel Checa”, mejoramiento del servicio educativo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Almirante Miguel Grau, entre otras.
Respecto al control posterior, durante el primer cuatrimestre del año, se ha emitido un informe de control específico y otros más se encuentran en proceso de ejecución. Se trata del Informe N° 010-2023-2-0454 que identifica un presunto perjuicio económico de S/1’088.557 y presunta responsabilidad civil de dos funcionarios de la Municipalidad Distrital de Las Lomas por reconocimiento y pago de beneficios a servidores.
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