Tal como lo informó Cutivalú, este miércoles llegaron a Piura los procuradores del caso Lava Jato, Jorge Ramírez y Silvana Carrión, para disponer acciones en torno a las investigaciones fiscales sobre el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (PEIHAP) a la empresa brasileña Camargo Correa.
Ambos procuradores se reunieron con la fiscal de la Fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios, Doliveth Infante Castillo, que tiene a cargo tres de las cuatro investigaciones en curso. La cuarta investigación, que está en etapa preliminar, la tiene a cargo una fiscalía similar en Lima.
Silvana Carrión resumió que estas cuatro investigaciones abarcan todos los procesos del PEIHAP: desde la licitación y otorgamiento de la buena pro, hasta la ejecución de la obra y aprobación de adicionales.
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ORDENAN EMBARGO
De las investigaciones en Piura, dos están en etapa preliminar y otra en preparatoria. Esta última corresponde a la carpeta fiscal 202- 2017 que investiga las presuntas irregularidades en la ejecución de la obra, adendas y ampliaciones de plazo otorgados por la Unidad Ejecutora del PEIHAP a favor de Camargo Correa.
Sobre esa investigación se autorizó el embargo preventivo de bienes por el monto de 13 millones 22 mil 586 soles contra 17 de los 22 investigados. Entre ellos figura el exgobernador regional de Piura, Reynaldo Hilbck Guzmán (2014-2018), quien es parte de la investigación en calidad de expresidente del directorio del Proyecto Alto Piura (2011- 2013), durante la gestión del expresidente regional Javier Atkins Lerggios (2011-2014), otro de los investigados en este caso.
A Hilbck Guzmán le han embargado 11 propiedades, entre predios rurales, terrenos, un departamento, una playa de estacionamiento y cuatro vehículos, por un valor total de 5 millones 475 mil 681 soles.
En la lista de embargos figuran las propiedades de otros investigados como José Alvez Pereira Nieto, exgerente de operaciones de Camargo Correa- sucursal Perú; así como exfuncionarios del Gobierno regional de Piura, como Pedro Mendoza (exgerente general del Peihap) Jorge Soyer López (Asesoría Jurídica), Jorge Pita Pereyra (exsecretario general), y los ex integrantes del directorio Teddy Ubillús Olemar, Juan Chinchay Cruz y Diómedes Vilela Chávez.
Al respecto, el exgobernador Reynaldo Hilbck, dijo a Cutivalú que no ha sido notificado sobre el embargo de sus bienes, pese a que conoce que esto estaría aprobado desde el mes de abril. Agregó que acudirá cuantas veces sea necesario al Ministerio Público para rendir su manifestación sobre estas investigaciones.
“Estoy tranquilo porque en mi caso, al igual que los otros directivos del PEIHAP, no firmábamos resoluciones de adicionales o ampliaciones de plazo. No éramos los expertos en el tema, éramos representantes de la Cámara de comercio, de las juntas de usuarios […] no éramos un directorio, éramos un Consejo directivo sin facultad para decidir, hay una confusión de la procuraduría”, señaló Hilbck.
La procuradora Silvana Carrión señaló que continuará el embargo de propiedades a los investigados, por lo que no se descarta que sean incluidas las propiedades del expresidente regional Javier Atkins. “Con los embargos queremos asegurar el pago de la reparación a favor del Estado, en caso resulten sentenciados los investigados”, expresó.
Por su parte, el procurador Jorge Ramírez informó que el plazo de esta investigación preparatoria vence el 9 de diciembre. Espera que pase a la etapa intermedia para luego, dar inicio al juicio oral.
INVESTIGACIONES PRELIMINARES
A la anterior investigación se suman las carpetas fiscales 102-2018 y 132-2019. La primera, por la aprobación en el 2010 del adicional N° 01 por un valor de S/32 millones a favor de Camargo Correa, pese a que no le correspondía porque esos trabajos estaban contemplados en el contrato y monto inicial.
Por este caso 11 personas son investigadas por presunta colusión con la constructora brasileña, entre ellos el expresidente regional de Piura, César Trelles Lara (2003-2010); el exgerente general, Humberto Correa Cánova y nuevamente, el exgerente de Camargo Correa en Perú, José Alvez Pereira Nieto.
Además, figuran los exfuncionarios Carlos Cullas Sotomayor, Féliz Talledo Arámbulo, Juan Manuel; así como los exintegrantes del Consejo directivo del Alto Piura, Diómedes Vilela Chávez y Juan Chinchay Cruz.
Respecto a la segunda carpeta de investigación preliminar, los investigados suman 21. Aquí también está incluido Reynaldo Hilbck Guzmán, como expresidente del Consejo directivo del PEIHAP; y los exfuncionarios regionales Humberto Correa Cánova, Pedro Mendoza Guerrero, Susan Villar de la Cruz, Jorge Pita Pereyra, Walter Palacios Saavedra, entre otros.
En ella también es investigada la empresa Camargo Correa- Sucursal Perú, como “cómplice primario”. A todos se les investiga por presunta colusión agravada.
INVESTIGACIÓN EN LIMA
Los procuradores Jorge Ramírez y Silvana Carrión informaron que la fiscal Mónica Silva de la Fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima, tiene a cargo la carpeta fiscal 076-2018 que investiga las presuntas irregularidades en el otorgamiento de la buena pro del Proyecto Alto Piura a la brasileña Camargo Correa, durante la gestión de César Trelles Lara.
A parte del expresidente regional aprista, están siendo investigados Humberto Correa Cánova, Carlos Cullas Sotomayor, Fernando Cotrim y José Alvez Pereira Nieto, alto directivo de la Camargo Correa.
El procurador Jorge Ramírez resaltó que, a pedido de la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato, se ha logrado incluir en los investigados a Camargo Correa (matriz) como tercer civil responsable. Sin embargo, insistirán para que la sucursal en Perú, también lo sea.
La procuradora Silvana Carrión recordó que, a diferencia de las investigaciones por el caso Lava Jato en Brasil, donde Camargo Correa es colaborador eficaz; en nuestro país, la empresa no ha mostrado ningún interés en serlo. Por el contrario, litiga activamente en arbitrajes y cuanta controversia tiene pendientes por obras ejecutadas en el Perú, entre ellas el PEIHAP.
Por ello, ambos procuradores coincidieron en pedir al Ministerio Público que refuerce con recursos humanos y logísticos la oficina de la fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Piura, a cargo de la Dra. Doliveth Infante Castillo. “Desde la procuraduría estamos apoyando con algunas pericias a la fiscalía en Piura, pero es necesario que la fiscal reciba apoyo con peritos especializados que aceleren las investigaciones”, recalcó Silvana Carrión.
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Datos:
- El proyecto Alto Piura está paralizado desde agosto del 2018, luego de que la segunda contratista, Obrainsa Astaldi, abandonará la obra.
- El Gobierno ha invertido hasta la fecha, más de 413 millones de soles en este importante proyecto de irrigación.
