El gerente del proyecto Alto Piura, Carlos Cabrejos, declaró que el allanamiento que realizó la fiscalía, fue en mérito a un proceso pendiente. Según se excusó, el proceso fiscal es la ampliación de un proceso antiguo, que inició 7 meses antes. Además, negó que se haya realizado algún tipo de direccionamiento en el proceso de adjudicación por el que se está investigando
“La fiscalía hizo una intervención en mayo, a la convocatoria del proyecto Cascapampa. La visita del martes ha sido la ampliación de esa intervención. Llegaron a conocer qué se ha avanzado. Hay un acta de entrega de información de manera voluntaria. SI ellos encuentran culpables, se sancionará”
Sin embargo, Carlos Cabrejos puntualizó que el caso inició de forma mediática.
“El cuestionamiento de mayo es que había una empresa venezolana, y que la empresa estaba sancionada. Pero no era así, pero fue la campaña mediática la que cerró el proceso”, respondió.
Y frente a los cuestionamientos que se le hace al PEIHAP, por elegir a una empresa con supuestas sanciones, Carlos Cabrejos señaló que, al momento de la contratación, no existía denuncia alguna contra el consorcio ganador. Agregó que detrás de esta obra hay intereses de algunas personas que buscan con ansias este proyecto.
“EL OSCE es el organismo responsable de sancionar a las empresas, no el proyecto [Alto Piura]. ¿Pero qué había? No olvidemos que hay intereses fuertes. Son 27 millones de razones, donde se dice ‘hay que tumbarlo’. Y el que pierde va a estar influyendo siempre”.
Este caso corresponde a la obra de construcción de una represa, denominada Cascapampa, que conlleva un presupuesto de 27 millones de soles.
El problema inicia cuando el Comité de Selección para la obra de Cascapampa, solicitó un documento que tenía sólo una empresa postora. Por ello, la contratista en cuestión terminó ganado la buen pro de la represa.
Por: Oscar Altamirano
