Contraloría refuerza el control en 40 obras públicas de Ayabaca

Con el Mega Operativo Regional de Control y las alertas recibidas por los ciudadanos, la Contraloría General ha reforzado las labores de supervisión de obras y servicios públicos en la provincia de Ayabaca, a fin de sumar esfuerzos en la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional.

De acuerdo al Velocímetro de los Servicios de Control, de enero a agosto de 2021, se han concluido 49 informes y hay 15 en proceso en dicha provincia de la sierra piurana. A nivel regional son 574 servicios concluidos y 136 en proceso.

En su última visita a Piura, el contralor general, Nelson Shack, ratificó que Ayabaca es una de las provincias priorizadas para desplegar las acciones de control. También recordó que se está cumpliendo con los compromisos asumidos con los vecinos, cuando visitó esta provincia el año pasado, de cautelar el uso de los recursos públicos.

“Ayabaca ha sido considerada de manera prioritaria. Hay un sinnúmero de intervenciones en esta provincia en el marco del Mega Operativo de Control”, señaló.

Control posterior

Entre los informes emitidos y publicados este año destacan el servicio de control específico a la obra de mejoramiento de pistas y veredas en la localidad de Ayabaca, cuya inversión asciende a más de S/ 32 millones y está enmarcada en el plan de Reconstrucción con Cambios.

De acuerdo con el Informe de Control Específico N° 12680-2021-CG/GRPI-SCE se ha identificado responsabilidad penal y administrativa en nueve funcionarios de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, entre ellos el alcalde provincial Baldomero Marchena Tacure, debido al pago de adelanto directo por S/ 3 245 132,33 sin haber contado con la disponibilidad física del terreno para la ejecución de la obra.

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Además, la Gerencia Regional de Control de Piura emitió y publicó el Informe de Control Específico N° 12655-2021-CG/GRPI-SCE que determina un perjuicio económico de S/ 1 162 775,20 a la Municipalidad Distrital de Paimas por pago en exceso en la obra de rehabilitación de la vía vecinal Puente Quiroz – Jampur – Tomapampa – San Joaquín. Un total de seis funcionarios están involucrados con presunta responsabilidad civil y administrativa.

Asimismo, en la Municipalidad Distrital de Suyo, el Órgano de Control Provincial de Ayabaca señaló responsabilidad penal y administrativa en siete funcionarios o servidores por la irregular contratación de un servicio de alquiler de sonido, entre los años 2017 y 2018, lo cual causó un perjuicio económico de S/ 114 400, según el Informe de Control Específico N° 021-2021-2-0450.

Otro de los servicios de control de suma relevancia es la auditoría de cumplimiento a la obra de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento en la ciudad de Ayabaca, valorizada en más de S/ 39 millones. Actualmente, una comisión de auditores efectúa esta investigación y se espera su término para noviembre.

Control concurrente

De otro lado, la Contraloría continúa con el control simultáneo a las diferentes obras que se ejecutan en la provincia, como la construcción del Hospital de Ayabaca. Hasta la fecha se han emitido y publicado nueve informes de control concurrente, en los cuales se han advertido deficiencias técnicas en la ejecución de los trabajos. Adicionalmente, se ha realizado seguimiento a la instalación de la planta de oxígeno, a cargo del OCI de la Dirección Regional de Salud.

Así también se sigue interviniendo con servicios de control en obras de rehabilitación de caminos vecinales, como en Ayabaca – Chilin, Socchabamba – Aul – Mostazas; El Molino – Samanguilla – Espíndola, Puente Quiroz – La Monja – Revolcaderos – Valdivia – Chivatos; El Progreso – Valle Hermoso – Malvas – El Carrizo, entre otros. En estas labores participan auditores de la Gerencia Regional de Control y los OCI del Gobierno Regional de Piura y la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

Dato: Los informes han sido comunicados oportunamente a los titulares de las entidades a cargo y luego publicados en el portal web institucional www.gob.pe/contraloria, conforme lo dispone la nueva Ley de Fortalecimiento de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control, en aras de la transparencia y acceso a la información.