La Contraloría General de República, en un informe de control elaborado entre el 8 y 14 de febrero de este año, dio a conocer que 31 funcionarios de la Municipalidad Provincial de Piura fueron designados sin cumplir con los requisitos mínimos para ejercer cargos gerenciales, de asesoría y de jefaturas, esto de acuerdo a Ley 31419.
Las contrataciones por puestos de confianza son avaladas por la Ley 31419, que establece “disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción”. Sin embargo, esta ley también especifica requisitos mínimos para trabajar en entidades públicas, por lo que se estaría incurriendo en un hecho ilegal.
Algunos de los funcionarios observados son: Luis Miguel Mendoza (gerente general), Jorge Eduardo Monroy Palacios (asesor del despacho municipal), Jorge Luis Calderón Cienfuegos (gerente Territorial y de Transportes), Jimmy Joaquín Cerro Sánchez (gerente de Medio Ambiente, Población y Salud), Manuel Arturo Figueroa Rossell (Gerente de Seguridad Ciudadana y Control Municipal).
Las observaciones son en su mayoría por no acreditar los años de experiencia, capacitaciones, estudios de especialización que se requieren en los puestos gerenciales, de asesoría y jefaturas.
Al respecto, el alcalde de Piura, Gabriel Madrid, manifestó que todas las observaciones fueron subsanadas y aseguró que los funcionarios observados por Contraloría sí cuentan con la experiencia y capacidades de gestión que se requiere para dichos puestos. Según Madrid, la respuesta del municipio al informe de Contraloría fue el 22 de febrero.
“Después de haber levantado las observaciones Contraloría no ha emitido ningún documento que diga (funcionarios) estos están mal. Se les ha presentado la información requerida”, expresó Madrid.
