El informe de la Contraloría advirtiendo el perjuicio económico equivalente a S/ 1115 millones en el megaproyecto de la Refinería de Talara a cargo de Petroperú, debido a la demora en la contratación oportuna del componente de Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios, ha encendido las alarmas.
La Contraloría determinó presunta responsabilidad administrativa y civil en 44 funcionarios y exfuncionarios de PetroPerú, entre ellos, tres expresidentes del directorio de la petrolera del periodo 2013- 2018. Sin embargo, el perjuicio económico fue advertido con anterioridad por la Contraloría.
El gerente de Control de Megaproyectos de la Contraloría, Luis Robas Sánchez, reveló que se emitieron 16 informes para alertar a Petroperú sobre esta situación, pero no fueron tomados en cuenta.
“Nosotros hemos emitido 16 informes previos para alertar a Petroperú sobre cómo iban surgiendo los desfases y los riesgos. Lamentablemente a pesar de las alertas el perjuicio se materializó (…) Debido a una serie de vaivenes, malas decisiones y negligencias, este perjuicio se concretó”, enfatizó Robas Sánchez en entrevista con Cutivalú.
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Según la Auditoría de Cumplimiento N° 15543-2021-CG/MPROY-AC, cuyo período de evaluación es del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018, funcionarios de Petroperú aprobaron que a través de un “Acuerdo Complementario” se encargue al contratista de las unidades del proceso realizar la selección de contratistas para la tercerización de los Servicios Auxiliares del PMRT.
Sin embargo, este encargo no culminó y luego de tres años en un ir y venir sobre este proceso, se generó un desfase del cronograma y gastos extraordinarios que no estaban contemplados.
Robas Sánchez remarcó que los hechos detectados provocaron un perjuicio económico de US$ 269 142 874.5 y otro de S/ 25 921 565.5 por pagos realizados a proveedores de servicios alternativos como grupos electrógenos, energía eléctrica, aire comprimido, climatización, entre otros, que seguirán en aumento porque hay que seguir pagando costos adicionales a la contratista.
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Cutivalú se contactó con la oficina de Comunicaciones de PetroPerú para recoger el descargo de los funcionarios sobre los informes de la Contraloría, pero respondieron que los funcionarios no darían declaraciones. Se prometió un pronunciamiento institucional que hasta el cierre de esta nota no llegó.
Durante una reunión con el ministro de Salud, Hernando Cevallos, el alcalde de Talara, José Vitonera Infante, remarcó que el perjuicio económico evidencia que la inversión no se está haciendo de manera adecuada, pues no se asegura que beneficie al pueblo.
“Con el 15% del perjuicio económico se hubieran asegurado plantas de oxígeno y personal médico para Talara (…) tenemos que ver que esto no suceda. Que se me escuche de esta forma porque tenemos que ver las cosas con justicia. La inversión tiene que ir también a la gente”, enfatizó el alcalde.
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