El dirigente de la asociación de comuneros del sector Cruz Blanca, en el distrito de Cura Mori, Marcelino Inga Inga, hizo una denuncia pública a través de Cutivalú. Señaló que presuntos policías están llegando a sus viviendas y que las garantías para su vida, entregadas por la Prefectura no se están cumpliendo.
El dirigente explicó que que en las últimas semanas unos jóvenes que dicen ser policías se apersonaron a su vivienda de Lima preguntando por él. Lo mismo sucedió en la casa de su madre, ubicada en Chato Grande; y en la suya que se halla en el km 975 de la vía Piura- Chiclayo.
La última vez fue el sábado 12 de setiembre alrededor de las 7 de la noche, en su casa de Nuevo Chato Grande. Una joven y un hombre que han logrado identificar con el apellido de Yanayaco, le dijeron que lo buscaban con la intención de ayudarlo.
«Me dijo que le entregue el expediente de la denuncia que realicé en la inspectoría de la policía en el 2017, que quería ayudarme», expresó Inga.
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Inga recuerda que denunció a un grupo de policías por los enfrentamientos ocurridos en el 2017 durante un represivo desalojo y en donde dos comuneros perdieron la vida en defensa de sus tierras en Cruz Blanca. Estos terrenos también son reclamados por empresas ligadas a la Asociación San Juan Bautista que fue integrada por miembros del Sodalicio de Vida Cristiana.
A pesar de que Marcelino Inga y sus compañeros comuneros han obtenido garantías para su vida otorgadas por la Prefectura de Piura, estas no se cumplen. Ellos aseguran que siguen siendo acosados y perseguidos por extraños que estarían ligados a las “empresas agroexportadoras e inmobiliarias que quieren quitarnos las tierras”, las mismas que los han denunciado por supuesto robo agravado y usurpación, al defender las tierras que les pertenece a la comunidad por derecho.
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“Seguimiento y reglaje”
Consultados sobre el caso, la Unidad de Protección de Defensores de la Coordinadora de Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entidad que desde hace meses acompaña a Marcelino y a su comunidad en la defensas de sus tierras, sostuvo que no es normal que miembros de la Policía acudan a la viviendas de denunciantes a pedir documentos. Esto se hace a través de procedimientos administrativos y con citaciones formales.
«Estas prácticas pueden ser interpretadas como un reglaje, como un seguimiento, dándole a entender que conocen dónde vive, y a sus familiares», expresó a Cutivalú uno de los abogados de la CNDDHH.
Por ello, recalcó que la policía debe realizar el patrullaje que corresponde cuando se otorga una garantía para la vida.
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Denunciar el caso
Por su parte, el jefe de la Macro Región Policial Piura- Tumbes, Gral PNP Eswin Manay Guerrero, sostuvo que el caso debe denunciarse en la Comisaría del sector para que quede registrado.
En diálogo con Cutivalú señaló que los protocolos policiales no establecen solicitar documentos en los domicilios de quienes forman parte de un proceso judicial.
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Respecto al deber de la Policía de hacer cumplir las garantías otorgadas a Marcelino Inga y las familias de la Asociación Cruz Blanca, el jefe policial manifestó que es función de la comisaría del sector donde vive la víctima (Cura Mori) realizar el patrullaje que disuada a los victimarios que puedan atentar contra la vida de la persona. «En este caso no sé si la víctima ha coordinado con el comisario esta labor. Si no es así, tendría que hacerlo, porque a veces la orden de garantías no llegan a las comisarías» recalcó Manay Guerrero.
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Si algo tiene claro don Marcelino Inga y su comunidad es que seguirán en la defensa de su territorio, el mismo que le perteneció desde años atrás a sus padres y abuelos. Exigen a las autoridades brindar todas las garantías para que sus derechos y sobretodo sus vidas no corran peligro como sienten que sucede desde años atrás cuando decidieron hacer frente a grandes poderes económicos y hasta religiosos.
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