En el marco de la Semana de Derecho, la Universidad de Piura (UDEP), llevó a cabo un conversatorio sobre refugio y migración. Los representantes de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Defensoría del Pueblo y de la Facultad de Derecho, fueron los ponentes.
La Acnur se refirió a su función tutelar sobre los derechos de los refugiados y las alternativas en cuanto al manejo de esta población vulnerable, resaltando el retorno a su país, el establecimiento en el país donde están refugiado y la integración local. Además, enfatizaron que el 40% de los refugiados a nivel global son niños, por lo cual la organización realiza un esfuerzo para su protección y para evitar que se vean expuestos a situaciones donde se vulneren sus derechos.
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Entre los puntos más importantes del conversatorio estuvo la actual situación de los refugiados en nuestro país, comparando entre las definiciones de la Convención de Ginebra y la Declaración de Cartagena. La Defensoría del Pueblo indicó que en los últimos años han ido desplegando un conjunto de acciones enfocadas en la protección de poblaciones vulnerables, entre ellas la población refugiada y migrante, la cual se ha incrementado significativamente a raíz de la crisis que atraviesa Venezuela. Esto ha generado que, en los últimos cuatro años, las solicitudes de refugio hayan aumentado de forma muy significativa. Pasando de 4366 en el 2016 a 487 000 en lo que va de este año.
Se indicó que, en vista del incremento de esta población en nuestro país y a causa de la pandemia, muchos de ellos han quedado en una situación aún más vulnerable, por lo que se están tomando medidas para que tengan acceso a la salud pública. También se está trabajando para evitar la ola de desalojos ilegales que afecta en mayor porcentaje a esta población.
Se contempla además que, después de la pandemia, habrá mucho trabajo que hacer con las poblaciones vulnerables en general. Sobre todo, en lo referido a derechos laborales y derecho civiles que vienen siendo vulnerados, ya que justamente la falta de goce de esos derechos fundamentales ha generado que, desde el inicio de la pandemia a la fecha, el 31% de la población venezolana, haya abandonado el país.
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Los ponentes resaltaron la necesidad de protección a los derechos de los migrantes y pusieron énfasis en entender que no deben ser considerados como un grupo que no cuenta con los beneficios de los demás solo por su condición de refugiados.
En este sentido, la doctora Susana Mosquera, directora del Instituto de Derechos Humanos y vicedecana de investigación de la Facultad de Derecho de la UDEP, indicó que el Estado debe responder por la población refugiada y migrante, una vez que se encuentran dentro de su territorio, pues los operadores jurídicos internos son los que tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las obligaciones internacionales.
Resaltó, además, la importancia de recordar y entender que las personas que se encuentran en nuestro país, así como en otras partes del mundo, no han abandonado su nación voluntariamente, sino que han tenido que huir al verse envueltos en conflictos armados, crisis sociales y económicas, o desastres ambientales.
