Desde hace más de 10 años la comunidad San Juan Bautista de Catacaos viene luchando contra empresas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana, que quieren arrebatarles las tierras comunales que les pertenecen por derecho.
Del 2009 al 2021, este conflicto social ha dejado como resultado dos comuneros asesinados, 7 heridos y 39 denunciados, según el informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
Frente a esta grave situación, la CNDDHH, solicitó al Ministerio de Justicia activar el Protocolo de Defensores de Derechos Humanos a favor de los comuneros de Catacaos por ser víctimas de ataques personales y judiciales por parte de personas vinculadas al tráfico de tierras en la comunidad.
Es por ello que, a través de una resolución, el Ministerio de Justicia (MINJUS) aprobó una acción urgente de protección a 26 miembros de la Comunidad Campesina San Juan Bautista de Catacaos, en Piura. Esta medida fue bien recibida por los comuneros quienes aseguran que por fin se sienten apoyados por el Estado.
Una de las comuneras que será protegida por el Estado es Paula Sandoval, quien en entrevista con Cutivalú, remarcó que durante esta lucha han recibido amenazas y agresiones por parte de las empresas, por lo que ahora viven atemorizados.
“Mi crianza ha sido allá, pastoreando ganado y en la apicultura. Las empresas llegaron de la noche a la mañana a invadirnos prácticamente, antes podíamos caminar en las noches tranquilos,nadie nos impedía nada. Cuando llegaron estas empresas nos robaban ganado, nos tiraban bala cuando pasábamos. Ahora soy una madre de familia y me duele mucho que me hayan enjuiciado a mi, a mi esposo y a mis dos hijos”, sostuvo Paula Sandoval.
La comunera resalta que con esta medida, los comuneros están viendo el respaldo de las autoridades en su lucha. “La justicia ya está con nosotros”, manifestó a Cutivalú.
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Otra de las comuneras de Catacaos, Valeria Silupú, señala que no pueden salir a pastorear su ganado porque inescrupulosos sujetos les toman fotos donde salen cubiertas con un trapo debido al inclemente sol, y los denuncian de terroristas. Por ello, exige que las autoridades hagan justicia y puedan solucionar este problema que los aqueja hace varios años.
“Nosotros somos defensores del bosque seco, comuneros y dueños de nuestras tierras. Esperamos que el Estado lo tome en serio y haga una justicia real, porque ya estamos cansados y enfermos de esta situación”, indicó.
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Para el comunero Marcelino Inga, quien constantemente ha recibido amenazas de muerte y enfrenta siete denuncias en su contra, la medida de protección por parte del Ministerio de Justicia es un gran logro. “Esperamos que el apoyo no se quede allí sino que nos continúen apoyando, porque nosotros no somos delincuentes como señalan, nuestro único pecado es ser campesinos y por eso pedimos justicia a las autoridades”.
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