La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos sostiene que el estado de emergencia es desproporcionado y viola derechos, por lo cual emitió el siguiente pronunciamiento:
Frente a la crisis de gobernabilidad y los conflictos sociales que se vienen expresando en las distintas regiones del país, el gobierno en lugar de atender los problemas de fondo viabilizando soluciones y garantizando derechos civiles, económicos y sociales a la población, acrecienta las vulneraciones con medidas desproporcionadas.
La inmovilidad dispuesta en Lima Metropolitana y Callao afecta innecesaria e indiscriminadamente los derechos de la población, incluyendo niñas, niños y adolescentes que nuevamente deben aislarse en sus domicilios, así como las economías familiares ya duramente golpeadas por la pandemia y el alza de precios. El gobierno debe garantizar la seguridad a través de medidas menos restrictivas, como acciones de inteligencia y un despliegue policial en zonas estratégicas.
La Policía Nacional continúa haciendo uso desproporcionado de la fuerza contra las y los manifestantes. A la fecha, se conoce la muerte de 4 personas ante la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad, incluyendo el establecimiento de corredores humanitarios para quienes sufren emergencias médicas. Asimismo, 28 personas heridas durante las protestas en Huancayo, dos de ellas de gravedad. Preocupa sobremanera que, de los 28 heridos, 12 hayan recibido impactos de proyectil de arma de fuego en la cabeza, lo cual pudo tener resultados fatales.
Ante ello, demandamos al presidente Pedro Castillo que conduzca el gobierno con un gabinete calificado que implemente medidas concretas para garantizar los derechos civiles, sociales y económicos de la ciudadanía, la suspensión de la inmovilidad, y un despliegue policial que bajo el estricto respeto de los derechos humanos proteja a la población.
Presidente Castillo, GOBIERNE o RENUNCIE.
Defensoría del Pueblo demanda dejar sin efecto el toque de queda en Lima
