El expresidente Alejandro Toledo podrá ser extraditado al Perú, para continuar con el juicio en su contra por el caso Odebrecht, luego de que el magistrado estadounidense Thomas S. Hixon resolviera que hay pruebas para concluir que Toledo habría cometido el delito de lavado de activos y colusión. “Por las razones explicadas arriba, conforme al 18 U.S.C 3184, la Corte certifica a la Secretaría de Estado que la evidencia de criminalidad es suficiente para sustentar los cargos bajo el tratado (de extradición) de Estado Unidos con Perú”, confirma el documento.
Como se informó, Alejandro Toledo estaba cumpliendo con orden de arresto domiciliario tras salir de una prisión americana, en donde permaneció por ocho meses por un posible riesgo de fuga detectado por la Justicia de dicha nación. El último 26 de setiembre, el ex jefe de Gobierno estaba a la espera de la decisión del juez Hixon sobre el pedido del Poder Judicial de Perú para poder traerlo de vuelta al país.
“Espero que la decisión de la Justicia demuestre mi inocencia y me permita recuperar mi credibilidad“, manifestó Toledo en conversación telefónica con la agencia de noticias EFE.
No obstante, el magistrado consideró que, a pesar de que existen contradicciones en los testimonios de los colaboradores eficaces Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, y Josef Maiman, empresario israelí, eso no influye en los cargos en contra del ex jefe de Estado.
“El caso en contra de Toledo no es hermético. Hay contradicciones entre los dos principales testigos contra él e inconsistencias en sus declaraciones con el paso del tiempo. Si se admitieran pruebas de la defensa que el tribunal considera inadmisibles, demostraría que hay disputas de hechos adicionales para el juicio. Sin embargo, estos problemas no anulan la causa probable para creer que Toledo cometió colusión y lavado de dinero”, se lee en el escrito.
¿De qué acusa la Fiscalía a Alejandro Toledo?
Al expresidente Alejandro Toledo Manrique se le acusa de presuntamente haber recibido dinero de la constructora brasileña Odebrecht para la adjudicación de la Interoceánica Sur. Por ello, el Ministerio Público ha pedido 20 años y seis meses de pena privativa de la libertad por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos.
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