Este martes 3 de mayo el gobernador regional de Piura, Servando García, tendrá que responder ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios por el caso de las cartas fianzas falsas de la obra de mejoramiento del establecimiento de salud de Máncora, valorizadas en cerca de 4 millones de soles.
El mediático caso, que llevó a prisión preventiva al hombre de confianza de la autoridad regional, Jesús Torres Saravia, se encuentra en manos del fiscal José Jiménez Moscol, quien citó a García Correa a las 9:00 de la mañana en su despacho ubicado en el distrito de Castilla.
Según informó diario Correo, la Fiscalía advirtió al gobernador que, si a pesar de tener conocimiento de la mencionada citación, no acude sin que exista una justificación, se dispondrá su conducción compulsiva con el apoyo de la Policía para una próxima fecha.
Para este día también se ha citado a otras 33 personas, entre las cuales se encuentran Ronald Manuel Carmen Córdova (jefe de la Oficina de Contabilidad del Gobierno Regional), Alicia Vega Farfán (trabajadora del área de Tesorería del GORE), Jack Pool Terreros Garay (trabajador), Liz Cristina Flores López (gerente regional de Control II), Maritza Mogollón Peña (secretaria general), Vilma Jackeline Palacios Martínez (jefa de la comisión de control), Elena Abigail Rivas Murillo (gestor de obra), entre otros.
Mientras que, para el 6 de mayo a las 9:00 a.m., vía Google Meet se recibirá la declaración de Eduardo Braulio Vera Luján (gerente general de la empresa MNDC) y a las 10:30 a.m. declarará Hugo Daniel Falcón Gago (apoderado de MNDC), quienes participaron en consorcio en la obra del centro de salud de Máncora.
Es preciso señalar que, el fiscal Jiménez Moscol volvió a solicitar al Gobierno Regional que remita los usuarios que elaboraron los registros en el Sistema Administrativo de Información Financiera (SIAF) en las fases de compromiso devengado del expediente SIAF 3547, correspondiente al trámite de la carta fianza de adelanto directo emitida el 23 de febrero del 2021 por Godofredo Cardoza Novoa (representante legal del consorcio MNDC), contenida en la carta fianza N° 97221-2, por un valor de S/3′956,848.
Otra información que ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción al gobierno regional son las copias fedateadas del MOF y ROF, vigente en el año 2021.
“Coima” de cerca de S/ 4 millones
Del testimonio de los colaboradores eficaces y de los propios implicados en el caso, se conoció que -a través del intermediario- los postores acordaron el pago de una “coima” a cambio de ganar la buena pro del proyecto, pese a que cometieron una serie de omisiones en la presentación de la documentación al proceso de selección de la obra. Luego se comprobó incluso que “subsanaron” estas observaciones a destiempo y con la venia de los funcionarios presentando certificados laborales falsos para justificar la experiencia de su personal especializado.
“(Los postores de MNDC) habían acordado que el Consorcio pagaría el 6% del Costo Directo de la Obra (S/ 1’ 800,000) así como S/. 2’000,000 que se obtendrían de un adicional, monto que tenía que pagarse con el dinero que obtuviese por concepto de Adelanto Directo y Adelanto de Materiales, y, posteriormente del adicional, el cual sería entregado a funcionarios del Gobierno Regional de Piura, con la finalidad de que se le adjudicara la buena pro y se les ayudará en todo durante la ejecución del contrato de obra”, se lee en el expediente.
También existe un testimonio de un colaborador eficaz que señala el pago de un adelanto de 50 mil soles de lo pactado, mientras se subsanaba un error en el monto de la primera carta fianza emitida por el contratista.
“El 15 de marzo del 2021, Edgar Baca Palacios habría citado a Godofredo Cardoza Novoa (empresario) en la ciudad de Colán – Paita, y se habrían encontrado en el GREEN GO MARKET, en donde le habría solicitado la suma de S/ 50,000.00 ya que la gente necesitaba efectivo y la demora en el pago se había debido a un error de él, por lo que quedaron en reunirse al día siguiente en el Restaurant Río Grande con la finalidad de entregar dicha suma de dinero”.
Equipo de “monitoreo”
Respecto al exgerente general Jesús Torres Saravia, la Fiscalía identificó que este había creado un grupo de profesionales denominado “Equipo de Seguimiento y Monitoreo de los Proyectos de Inversión del pliego Regional”, en el cual trabajaba su asistente Lisset Juliana Ballivían Castro.
“Este equipo se dedicaba al monitoreo de las obras de mayor envergadura, su labor era como de tramitadores y conciliadores entre la entidad y los proveedores” acciones de las cuales no se dejaba constancia, favoreciendo a los contratistas”, apunta la tesis fiscal.
Con información de Correo
