En un acto de rechazo, un grupo de trabajadores bajo el régimen CAS de diversas instituciones se congregaron en los exteriores del Poder Judicial de Piura para protestar por la defensa de sus puestos laborales y denunciar despidos masivos injustificados.
El abogado de los trabajadores afectados, Jorge Ismael Dávalos Córdoba, expuso estas graves irregularidades en los procesos de reposición laboral implementados hace más de un mes, asegura que este es un caso arbitral que va en contra de ellos.
Dávalos destacó la emisión de medidas cautelares improcedentes que han dejado a más de 200 trabajadores sin empleo, insinuando posibles motivaciones personales tras estas decisiones.
Hizo referencia a procesos judiciales previos contra el juez Richard Torres Cruz y su familia, alegando el pago de sumas significativas por beneficios sociales, lo que podría indicar un acto de venganza.
“Hace un mes se ha implementado un módulo laboral y lo primero que han hecho es sacar medidas cautelares improcedentes de reposición para que más de 45 de trabajadores no trabajen, esto es anti ético, antimoral. Esto es una venganza porque le hemos ganado juicios”, expresó Dávalos.
Reposición laboral
El abogado expresó su preocupación por el aparente criterio subjetivo en el módulo laboral, donde ninguna medida cautelar procedente ha sido recibida desde su instalación el 20 de octubre.
Señala que son más 200 medidas cautelares, 42 declaradas improcedentes, 3 con fundadas oposiciones y 40 pendientes, los trabajadores temen un proceder arbitrario en cada caso.
Jorge Dávalos instó al Poder Judicial de Piura para que intervenga de inmediato, solicitando la reconsideración de medidas cautelares y el cambio del juez Torrez Cruz.
Además, pidió que los jueces comprendan los derechos laborales y actúen con imparcialidad en cada caso, respetando la trayectoria y esfuerzo de los trabajadores afectados.
Uno de los trabajadores afectados quien laboraba en la Municipalidad Distrital de Castilla dijo que hace siete meses fue despedido a pesar de contar con una adenda indeterminada que les garantizaba estabilidad laboral.
Aunque detalla que algunos han logrado regresar con medidas cautelares, otros siguen sin empleo.
Rumiche expresa la preocupación de más de 200 familias afectadas por esta situación, destacando el impacto económico y emocional que ha recaído sobre ellos. Precisó que la lucha continuará hasta que se logre una resolución justa.
“Hemos iniciado un proceso judicial en busca de justicia y exigimos que los jueces tomen decisiones justas y repongan a los trabajadores en sus puestos, poniendo fin a lo que consideran un abuso flagrante”.
Por: Flor Herrera
