La Contraloría General determinó que 5 funcionarios de la Gerencia Subregional Luciano Castillo Colonna, favorecieron a un postor que no cumplía los requisitos exigidos, con un contrato de consultoría por más de 8 millones 500 mil soles, para elaborar el expediente técnico de la obra de ampliación y mejoramiento del canal Miguel Checa.
El órgano de control indicó que se detectaron irregularidades en el concurso público desde la aprobación y actualización del valor referencial, sin contar con sustento técnico, hasta la suscripción del contrato, sin cumplir las condiciones establecidas para su perfeccionamiento.
Según el Informe N° 24101-2022-CG/GRPI-SCE, el equipo de Abastecimiento no realizó la evaluación, interacción o indagación del mercado que permita determinar el presupuesto de la consultoría de obra, en base a la estructura de componentes o rubros proporcionados por el área usuaria, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado, y solo se limitó a considerar el monto base de 9 millones 508 mil 582 soles señalado en los términos de referencia, lo cual no evidencia el sustento o actualización de precios.
Además, los integrantes del comité de selección admitieron, calificaron y otorgaron la buena pro a un consorcio, pese a que este no cumplió con los requisitos establecidos para ese fin. Por ejemplo, el comité consideró como válidos documentos que no acreditaban la experiencia en la especialidad.
Antes del otorgamiento de la buena pro y la suscripción del contrato, la Contraloría alertó de estas situaciones irregulares, sin embargo, la entidad firmó el contrato el 31 de mayo de 2022. Tampoco verificó la información mínima que establece la normativa de contrataciones, como una contrastación de los profesionales que participarían de la ejecución del servicio.
Responsabilidad penal y administrativa
La comisión de auditores de la Gerencia Regional de Control de Piura determinó una presunta responsabilidad penal en funcionarios y servidores que desempeñaban cargos en las áreas de Infraestructura, Estudios y Proyectos, en dos miembros del comité de selección y en el responsable del equipo de Abastecimientos. Además, halló presunta responsabilidad administrativa sujeta a la facultad sancionadora de la Contraloría General en cuatro personas.
El Gobernador Regional de Piura fue notificado del resultado de este servicio de control para informarle que la entidad está impedida de realizar acciones de deslinde de responsabilidades administrativas por estos hechos y las personas involucradas, ya que el informe ha sido remitido al Órgano Instructor para el respectivo procesamiento.
También se ha puesto de conocimiento al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción para el inicio de las acciones penales correspondientes.
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