Cuando la noche del 2 de abril del 2004, Cirilo Robles Callomamani rendía cuentas ante la población de Ilave (aymara en su mayoría) sobre su gestión como alcalde, sabía que –de todos modos– iba a encontrar reticencias y furibundas críticas en esa plaza de armas en la que se encontraba.
Para nada esperó que 24 días después –tras una breve ausencia– su retorno a la capital de la provincia de Collao, en Puno, iba a significar un vía crucis para él, que ese mismo lugar al que representaba como autoridad iba a ser su lecho de muerte. Y así fue.
Hoy se cumplen 14 años de aquel fatídico linchamiento a aquella autoridad, que hizo que los ojos del país miren hacia esa zona altiplánica ubicada a 4 mil m.s.n.m. Robles Callomamani había iniciado su gobierno hacía poco más de un año y, por entonces, ya era acusado de corrupción, malversación de fondos e incumplimiento de promesas electorales. Su gestión iba a durar hasta el 2006.
Tras la frustrada rendición de cuentas que terminó en un enfrentamiento el 2 de abril, optó por irse de Puno. Al volver a Ilave para evitar la declaratoria de su vacancia, el día 26 se encontraba reunido en su casa junto a regidores, pero un sector de la población se enteró.
La turba llegó, lo secuestró y torturó por varias horas junto a otros aliados. Su vida se fue apagando por la tarde en el frontis de la municipalidad y fue arrastrado hasta debajo del denominado ‘puente viejo’. Sus suplicios no fueron escuchados, no tuvieron valor. Su cuerpo y su organismo no soportaron los múltiples ataques con objetos contundentes y punzantes.
En enero del 2014, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 30 años de prisión (impuesta el 2012) para Valentín Ramírez Chino y Alberto Sandoval Loza, quien fuera teniente alcalde de Robles y pasó a ser opositor poco tiempo después de iniciado el mandato. A ambos se les sentenció por ser instigadores del delito contra la libertad, en su modalidad de secuestro agravado con subsiguiente muerte.
Y aunque algunos exdirigentes en Ilave creyeron que fue por una orden del gobierno de Alejandro Toledo, lo cierto es que el 2005 se supo que dos informes de la Contraloría General de la República exculparon a la autoridad asesinada de haberse beneficiado con el dinero de su municipio.
Dos días después de la masacre, Filomena Mucho Páucar, miembro del Movimiento Independiente Unión Regional, al que pertenecía el alcalde, aseguró que estas fueron las últimas palabras de la autoridad ante dirigentes encapuchados y con efectos de alcohol: «Perdónenme. Piedad. Pido perdón a mi pueblo. No me maten».
